El año 2025 se ha consolidado como un punto de inflexión crítico en la historia hídrica de Pakistán, marcado por una convergencia sin precedentes de crisis climáticas, desafíos de gobernanza interna y tensiones diplomáticas transfronterizas que han elevado la gestión del agua al nivel de seguridad nacional. Una secuencia de eventos extremos y decisiones políticas expuso la vulnerabilidad sistémica del país frente a este recurso vital.

Crisis Transfronteriza y Diplomacia Hídrica Debilitada
La estabilidad proporcionada durante décadas por el Tratado de Aguas del Indo de 1960 se fracturó en abril de 2025, cuando India suspendió formalmente el acuerdo tras el ataque de Pahalgam. La consecuencia más inmediata y grave fue la interrupción del intercambio de datos hidrológicos, esencial para la previsión de inundaciones y la gestión de embalses en Pakistán, río abajo. Esta medida, calificada por analistas como una “instrumentalización del agua“, coincidió con una temporada de monzones excepcionalmente volátil, incrementando drásticamente los riesgos.
Simultáneamente, en la frontera occidental, el gobierno talibán en Afganistán ordenó en octubre la construcción de una presa en el río Kunar, un afluente clave para el sistema fluvial de Kabul y la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa. La ausencia de un tratado formal de reparto de aguas con Afganistán dejó a Pakistán expuesto a decisiones unilaterales que podrían alterar los caudales de los que depende.

Fracturas Internas y Conflicto Interprovincial
Internamente, la frágil cohesión federal se vio severamente probada. El lanzamiento de la Iniciativa Pakistán Verde, un plan federal para expandir la agricultura corporativa mediante nuevos canales de riego como el Canal de Cholistán, desató el conflicto hídrico interprovincial más intenso en décadas. La provincia de Sindh lideró una firme oposición, argumentando que el proyecto violaba el Acuerdo de Distribución de Aguas de 1991 y amenazaba de muerte a su agricultura y al ya deteriorado Delta del Indo. Protestas masivas y resoluciones legislativas forzaron al gobierno federal a detener la construcción en abril, decisión luego formalizada por el Consejo de Intereses Comunes (CCI), que exigió consenso provincial para cualquier nuevo canal.

Extremos Climáticos y Fallas Sistémicas
El clima fue un multiplicador de amenazas. Pakistán experimentó una sequía invernal, una de las olas de calor más severas registradas y un monzón devastador. Entre junio y septiembre de 2025, lluvias de alta intensidad, liberaciones repentinas de agua río arriba y el colapso del drenaje urbano causaron inundaciones en cascada. Eventos como los 230 mm de lluvia en 24 horas en Rawalpindi el 17 de julio inundaron asentamientos urbanos. Análisis satelitales confirmaron que más de 1.3 millones de hectáreas de tierras agrícolas quedaron sumergidas, con graves daños a cultivos clave.
Las inundaciones se cobraron más de 1,000 vidas, desplazaron a más de seis millones de personas y causaron daños económicos estimados en una reducción del 0.5% del PIB nacional. Además, movilizaron contaminantes que envenenaron las fuentes de agua potable, provocando brotes de enfermedades.

Un Diagnóstico Alarmante sobre Gobernanza
Un informe clave del Banco Asiático de Desarrollo, el Asian Water Development Outlook (AWDO), publicado a finales de año, situó a Pakistán casi al final de la clasificación regional en seguridad hídrica. El informe concluyó que la crisis se debe menos a la escasez física que a una persistente falta de gobernanza. Destacó el deterioro en la seguridad hídrica ambiental, visible en el delta del Indo, y una puntuación de cero en drenaje urbano, reflejando la incapacidad crónica para gestionar inundaciones en ciudades como Karachi.

Conclusión y Desafíos Futuros
El año 2025 demostró que el agua en Pakistán ha dejado de ser un asunto meramente técnico o estacional para convertirse en la principal limitación para su seguridad nacional, cohesión social y salud pública. Los eventos expusieron las consecuencias de una diplomacia hídrica debilitada, la desconfianza interna, el descuido de la infraestructura y la volatilidad climática convergiendo simultáneamente. La experiencia vivida establece imperativos urgentes para 2026, incluyendo reconocer el agua como asunto de seguridad nacional, reconstruir la confianza interprovincial sobre datos transparentes, integrar la adaptación climática en toda la planificación hídrica y garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental.