La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años, ocurrida en febrero de 2007 en la sierra de Zongolica, Veracruz. El tribunal internacional determinó que la agresión fue perpetrada por integrantes del Ejército mexicano y que constituyó graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura y violencia sexual. La sentencia señala que el Estado incumplió sus obligaciones de proteger la integridad, brindar atención médica oportuna y garantizar justicia para la víctima.
Según el fallo, las autoridades mexicanas no realizaron una investigación con la debida diligencia reforzada, lo que agravó la situación de impunidad en torno a los hechos que culminaron en el fallecimiento de Ascencio. El tribunal constató que la atención médica fue tardía e insuficiente, y que no se garantizó acceso a la justicia para sus hijas e hijos, lo cual constituyó otra forma de vulneración de derechos. La falta de perspectiva de género y étnica en la investigación inicial fue señalada como una omisión grave por parte del Estado.
La Corte instruyó al Estado mexicano a reabrir la investigación penal, identificar y sancionar a los responsables materiales y jerárquicos, y establecer medidas de reparación integral para la familia de Ascencio y su comunidad. También ordenó implementar programas de formación sobre derechos humanos para servidores públicos, con especial énfasis en perspectiva de género, interculturalidad y acceso a intérpretes en entornos de salud y justicia. Estas medidas buscan atender no solo el caso particular, sino prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.
La sentencia genera un precedente importante en la jurisprudencia internacional sobre responsabilidad estatal en casos de violencia institucional contra personas indígenas y mujeres mayores. Organizaciones de derechos humanos han valorado la resolución como un paso hacia la exigencia de justicia y rendición de cuentas, subrayando la necesidad de fortalecer mecanismos que garanticen la protección de grupos vulnerables en México. Para familiares y comunidades, el fallo representa un reconocimiento tardío de los hechos y la posibilidad de avanzar hacia la reparación del daño.
