Al menos 18 militares colombianos fueron retenidos el domingo por pobladores, en su mayoría miembros de comunidades indígenas, mientras realizaban una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona rural del municipio de Carmen de Atrato, departamento del Chocó, en el occidente del país. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó del hecho y lo calificó como un “secuestro”.
De acuerdo con la versión oficial publicada por el ministro en la red social X, los uniformados “fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena”. Las autoridades señalaron que los militares se encontraban en la zona en cumplimiento de labores de protección a la población civil frente a amenazas como el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado.
Respuesta institucional y llamado a la liberación
Inmediatamente después del suceso, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, convocó a un “consejo de seguridad extraordinario” con el objetivo de gestionar la liberación de los soldados. “La retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena”, motivó la acción urgente de las autoridades regionales.
El ministro Sánchez enfatizó que este tipo de acciones no solo vulneran los derechos de los militares, sino que comprometen la seguridad de las propias comunidades. “Restringir el trabajo militar pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección”, afirmó. Además, aseveró que “ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares”.
Contexto de retenciones y crisis de seguridad
Este incidente se enmarca en un preocupante patrón de retenciones de personal uniformado en zonas rurales de Colombia con poca presencia estatal y bajo influencia de grupos armados. Las autoridades sostienen que, en muchos casos, los pobladores actúan presionados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en sus territorios.
El hecho ocurre apenas tres meses después de un episodio similar en septiembre, cuando 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave dominado por disidentes de las antiguas FARC. Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.
Estos eventos evidencian la compleja y volátil situación de seguridad que atraviesa Colombia, sumida en lo que analistas consideran su peor crisis en la última década, con una guerra interna que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes, disidencias y fuerzas estatales en múltiples regiones del país. La tensión en el Chocó, un departamento históricamente afectado por el conflicto, se ha exacerbado con este nuevo incidente, mientras las autoridades buscan una salida negociada para la liberación de los militares.
