El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este lunes un estado de emergencia económica por un periodo de 30 días, argumentando una “inminente crisis fiscal” tras el archivo en el Congreso de una reforma tributaria clave para su gobierno. La medida faculta al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley, incluidos impuestos especiales, con el objetivo de recaudar un monto estimado en 41 mil millones de dólares necesarios para el manejo de las finanzas públicas en 2026.
La decisión se produce después de que el Congreso archivara a inicios de diciembre un proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno aspiraba a recaudar cerca de 4 mil millones de dólares adicionales para el presupuesto del próximo año. Tras el revés legislativo, Petro advirtió en sus redes sociales que, sin nuevas fuentes de financiamiento, se producirían recortes. “Si no hay emergencia económica, hay recorte”, afirmó.
El decreto presidencial, firmado el lunes por la noche, sostiene que el país enfrenta una situación que podría provocar un “ajuste drástico” en las finanzas del Estado y afectar el bienestar de la población. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la declaratoria busca “garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó sin financiamiento”.
Contexto económico y marco legal
La medida se toma en un contexto donde, pese a que la economía colombiana muestra un crecimiento estimado entre 2.6% y 2.7% para 2025, las finanzas públicas enfrentan presiones. Según datos del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central cerró 2024 en 6.8% del PIB, un aumento frente al 4.3% de 2022, mientras la deuda pública bruta supera el 60% del PIB.
La figura de la emergencia económica está prevista en el artículo 215 de la Constitución colombiana. Esta faculta al presidente a expedir decretos con fuerza de ley por hasta 30 días (prorrogables a un máximo de 90 días en el año) exclusivamente para “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”. Sin embargo, todas las medidas adoptadas están sujetas al control automático de la Corte Constitucional, que debe verificar que exista una conexión directa y proporcional entre la emergencia declarada y los decretos expedidos.
Críticas y antecedentes
La declaratoria ha generado críticas inmediatas desde el sector empresarial. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), calificó el decreto en la red social X como un “caso flagrante de abuso del derecho”.
Analistas y constitucionalistas anticipan un escrutinio riguroso por parte de la Corte. Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, señaló a medios internacionales que será difícil para el gobierno demostrar que la crisis es “imprevisible”, uno de los requisitos legales, ya que el déficit fiscal es una situación conocida desde hace meses. Un antecedente relevante es la emergencia económica de 2020 por la pandemia, donde la Corte Constitucional modificó o anuló varios de los decretos expedidos por el gobierno de entonces.
Hasta el momento, el gobierno no ha detallado los impuestos específicos que implementaría bajo esta figura. Se espera que en los próximos días se expidan los decretos concretos que definirán el alcance y la naturaleza de las nuevas medidas fiscales, las cuales, de acuerdo con el marco legal, deben ser temporales y estar estrictamente justificadas por la emergencia.
