El gobierno del presidente Donald Trump anunció un compromiso de 2.000 millones de dólares para ayuda humanitaria gestionada por las Naciones Unidas, una cifra que representa una fracción de las contribuciones anteriores y que viene acompañada de una exigencia sin precedentes: las agencias de la ONU deben emprender reformas drásticas o enfrentar la retirada del financiamiento estadounidense.
La nueva estrategia, resumida en la advertencia de que las entidades deben “adaptarse, reducirse o morir”, centralizará la distribución de los fondos a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), dirigida por Tom Fletcher. Este mecanismo busca consolidar la autoridad para reducir lo que Washington considera burocracia excesiva, duplicación de funciones y desviaciones ideológicas en el sistema de ayuda.
La cantidad prometida contrasta marcadamente con los aproximadamente 17.000 millones de dólares que Estados Unidos destinaba anualmente en los últimos años a programas humanitarios de la ONU. Funcionarios estadounidenses justifican la reducción argumentando que buscan mayor eficiencia, focalización y alineación con sus intereses de política exterior, asegurando que mantienen su estatus como el mayor donante humanitario individual del mundo.
Los fondos se canalizarán inicialmente a 17 países prioritarios, incluyendo Bangladesh, Congo, Haití, Siria y Ucrania. Notablemente, quedan excluidos Afganistán y los territorios palestinos, cuya asistencia, según las autoridades, dependerá de otros mecanismos, como el aún incompleto plan de paz para Gaza del gobierno de Trump.
Este anuncio culmina un año de fuertes recortes a la ayuda exterior estadounidense que ya ha obligado a agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a reducir personal, proyectos y servicios en un contexto donde las necesidades humanitarias globales, impulsadas por conflictos y desastres climáticos, han alcanzado niveles récord.
Mientras el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, afirmó que el “reinicio humanitario” permitirá entregar “más ayuda con menos dólares de los contribuyentes”, críticos y organizaciones humanitarias advierten que los recortes son miopes, ponen en riesgo millones de vidas y erosionan la influencia y el “poder blando” de Estados Unidos en el escenario internacional.
