Un grupo de venezolanos que permaneció detenido en una megacárcel de El Salvador exigió desde Caracas que se les permita impugnar en Estados Unidos los cargos que derivaron en su deportación, luego de que un tribunal federal ordenara respetar su derecho al debido proceso.
Los exprisioneros señalaron que fueron acusados de pertenecer a una banda criminal y enviados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, sin haber enfrentado un juicio ni contar con la oportunidad de defenderse ante una corte estadounidense.
Ante esta situación, pidieron limpiar su nombre y solicitaron que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de El Salvador acaten la orden judicial y permitan la revisión individual de sus casos, al considerar que se vulneraron garantías fundamentales durante el procedimiento.
