La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), bajo la dirección de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, celebró su primera conferencia de prensa este 30 de diciembre para informar sobre la situación legal del periodista Rafael León Segovia. El comunicador, conocido por su cobertura de nota roja, fue vinculado a proceso por un juez de control, pero los cargos presentados fueron modificados respecto a la acusación inicial.

Según la explicación oficial brindada por la fiscal Jiménez Aguirre, después de una audiencia realizada este martes, el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores determinó vincular a proceso a Rafael ‘N’ únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos en contra de las instituciones de seguridad pública. Se desestimó, por falta de elementos, el delito de terrorismo por el que originalmente había sido detenido en Coatzacoalcos.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión domiciliaria por un año al periodista, quien fue trasladado encadenado de pies y manos para hacerla efectiva. La fiscal justificó la solicitud de vinculación basándose en “los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación”, e hizo énfasis en que la institución actúa con respeto a la libertad de expresión y el debido proceso.

Este caso ha generado críticas de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa. ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, calificó la audiencia como irregular, señalando que la acusación de la Fiscalía se sustentó principalmente en un “testigo protegido” cuyas declaraciones fueron “contradictorias” y recabadas con “múltiples irregularidades”. La organización advirtió que el argumento fiscal de que el periodista “llegaba antes” a cubrir los hechos noticiosos busca criminalizar el trabajo periodístico, estableciendo un precedente peligroso.

Además, la organización contrastó la celeridad con la que la FGE integró esta carpeta de investigación (20 días) contra un periodista, con la lentitud y la impunidad que prevalecen en los casos de asesinatos de comunicadores en Veracruz, entidad históricamente considerada de las más peligrosas para ejercer el periodismo en México.

La conferencia de la fiscal, celebrada en Xalapa, no permitió preguntas de los medios de comunicación convocados. Un día antes de la audiencia, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, había declarado que “no hay terrorismo ni en México ni en Veracruz”, una afirmación que resultó paradójica ante la entonces vigente acusación de terrorismo contra el periodista.

ARTICLE 19 rechazó la criminalización del periodista y consideró desproporcionada la medida cautelar de arraigo domiciliario, ya que impide su labor informativa, afectando su derecho al trabajo y el derecho a la información de la sociedad. Exhortó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a intervenir y gestionar medidas de protección para León y su familia.