La actriz y comediante canadiense Claire Brosseau, de 48 años, ha presentado una demanda legal contra el gobierno de Canadá en busca de obtener acceso al programa de Asistencia Médica para Morir (MAiD, por sus siglas en inglés). Su caso, basado en una batalla de décadas contra graves trastornos de salud mental, ha encendido un intenso debate nacional sobre los límites éticos de la eutanasia.

Un sufrimiento profundo y prolongado

Claire Brosseau fue diagnosticada con trastorno maníaco-depresivo (también conocido como trastorno bipolar) cuando tenía solo 14 años. Desde entonces, su historial clínico se ha expandido para incluir depresión severa, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, trastornos alimenticios, abuso de sustancias, estrés postraumático (TEPT) e ideación suicida crónica. A lo largo de más de tres décadas, la actriz ha intentado prácticamente todo el espectro de tratamientos psiquiátricos disponibles: más de 25 medicamentos diferentes, diversas modalidades de psicoterapia, internaciones hospitalarias, terapia electroconvulsiva e incluso tratamientos guiados con sustancias psicodélicas.

A pesar de estos exhaustivos esfuerzos, Brosseau describe que su calidad de vida no ha mejorado de manera sustancial o sostenida. En una entrevista la actriz ha relatado la naturaleza constante e “insoportable” de su dolor psicológico. “Todos los días no sé si lograré superar el día”, confesó. “Ya ha sido demasiado. Es suficiente”.

Su lucha ha incluido varios intentos de suicidio, uno de los cuales fue especialmente drástico: en una ocasión, llegó a ingerir cacahuates de manera deliberada para desencadenar una anafilaxia severa, sabiendo que padece una alergia potencialmente mortal.

El vacío legal y la demanda judicial

En el año 2021, tras otro intento de suicidio y sintiendo que su sufrimiento no tenía remedio, Brosseau decidió solicitar formalmente la muerte asistida bajo el programa MAiD de Canadá. Sin embargo, se topó con una barrera legal: la legislación canadiense, que originalmente limitaba el acceso a la eutanasia a personas con condiciones físicas terminales, ha sido ampliada, pero mantiene una exclusión temporal para los casos en los que la condición médica subyacente es exclusivamente psiquiátrica.

Esta exclusión debía levantarse inicialmente en marzo de 2023, pero el Parlamento canadiense la ha pospuesto en dos ocasiones, extendiendo la fecha límite hasta el 17 de marzo de 2027. Para Brosseau, esta espera es inaceptable.

Frente a esta situación, la actriz, junto con el ex corresponsal de guerra John Scully, quien sufre de TEPT, ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Ontario. El argumento central de la querella es que la exclusión basada únicamente en diagnósticos de salud mental constituye una violación de sus derechos y una forma de discriminación. Su demanda busca acelerar el acceso a MAiD o, alternativamente, que se declare que el Estado está violando sus derechos constitucionales al negarle un procedimiento al que sí pueden acceder pacientes con enfermedades físicas consideradas “graves e irremediables”.

Un debate nacional sobre ética y autonomía

El caso de Claire Brosseau ha desatado una de las discusiones más complejas y polarizadas en Canadá desde la legalización de la eutanasia en 2016.

Argumentos a favor de la ampliación: Quienes apoyan la posición de Brosseau, y la inclusión de las enfermedades mentales en MAiD, defienden los principios de autonomía, igualdad y compasión. Argumentan que el sufrimiento psicológico severo puede ser tan intolerable y crónico como el dolor físico, y que negar el acceso a la muerte asistida a personas con trastornos psiquiátricos es discriminatorio. Para ellos, el derecho a una “muerte digna” debe extenderse a todos los ciudadanos que cumplan con criterios estrictos de capacidad y sufrimiento irremediable, independientemente de la naturaleza de su enfermedad.

Preocupaciones y críticas: Por otro lado, médicos, psiquiatras y organizaciones pro-vida han manifestado profundas reservas. Sostienen que las enfermedades mentales, a diferencia de muchas enfermedades físicas terminales, son intrínsecamente fluctuantes y que el juicio de una persona puede estar severamente comprometido por la propia patología. Preocupa que el deseo de morir sea un síntoma de la depresión, no una decisión autónoma y estable.

Además, críticos como John Milloy, del Centro de Ética Pública de la Universidad Martin Luther, advierten sobre una “pendiente resbaladiza”. Señalan que Canadá ya tiene una de las tasas de eutanasia más altas del mundo —alcanzando aproximadamente uno de cada 20 fallecimientos— y temen que expandir el criterio a la salud mental, en un contexto de un sistema de salud pública con recursos limitados, pueda llevar a que la muerte asistida se convierta en una respuesta a la falta de apoyo social y tratamientos adecuados.

La demanda de Claire Brosseau pone al sistema judicial y a la sociedad canadiense frente a una pregunta fundamental y dolorosa: ¿dónde debe terminar la autonomía individual y comenzar la obligación del Estado de proteger la vida, especialmente cuando la mente que pide morir está enferma? La resolución de este caso sentará un precedente crucial no solo para Canadá, sino para el debate global sobre la muerte asistida.