España establece un mecanismo conjunto con los obispos para compensar a víctimas de abusos sexuales prescritos bajo supervisión del Defensor del Pueblo
El Gobierno de España y la Iglesia católica han firmado un acuerdo pionero para crear un sistema de reparación integral dirigido a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, especialmente en aquellos casos en los que no es posible la vía judicial por prescripción o fallecimiento del agresor. El pacto, rubricado el 8 de enero de 2026 por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los máximos representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos, establece un procedimiento mixto con participación estatal, eclesiástica y de las propias víctimas.
Declaración del ministro Félix Bolaños durante la firma del acuerdo el 8 de enero de 2026 en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio.
Durante la presentación, el ministro Bolaños calificó el acuerdo como un paso para “saldar una deuda histórica, moral” con las víctimas, tras “décadas de silencio y ocultamiento”. Por su parte, el presidente de la CEE, Luis Argüello, afirmó que este acuerdo representa “un paso adelante más” en el camino que la Iglesia ya venía recorriendo con su mecanismo interno de reparación.
Claves del nuevo mecanismo de reparación
El sistema acordado se caracteriza por los siguientes elementos fundamentales:
- Financiación exclusiva de la Iglesia: Un punto destacado por el ministro Bolaños es que todas las reparaciones económicas correrán a cargo de la Iglesia católica. “El Estado no abonará ni un céntimo; decide la indemnización [y] la Iglesia Católica, la paga”, afirmó el ministro.
- Papel central del Defensor del Pueblo: Esta institución será la encargada de estudiar cada caso de forma individualizada y elaborar una propuesta de reparación, que puede incluir medidas económicas, simbólicas, psicológicas, restaurativas o espirituales, o una combinación de ellas.
- Exención fiscal de las indemnizaciones: El acuerdo incluye que las reparaciones económicas estarán exentas del pago del Impuesto sobre la Renta, tanto para los casos futuros como para las indemnizaciones ya entregadas por la Iglesia en el pasado, evitando así una revictimización fiscal.
- Proceso con garantías: Si la víctima o la comisión eclesiástica no aceptan la propuesta inicial del Defensor del Pueblo, el caso pasará a una Comisión Mixta con representantes del Estado, la Iglesia y asociaciones de víctimas. Si persiste el desacuerdo, prevalece el criterio final del Defensor del Pueblo.
- Vigencia temporal: El plazo para presentar solicitudes será de un año, prorrogable a un segundo, a contar desde la firma del convenio de colaboración que se suscribirá en el próximo mes.
Contexto de años de investigación y negociación
Este acuerdo es el resultado de un proceso de años. En 2023, el Defensor del Pueblo publicó un informe contundente de 800 páginas que, tras investigar 487 casos conocidos e incluir una encuesta, estimó que los abusos podrían haber afectado a cientos de miles de personas desde 1940. La cifra concreta del informe hablaba de más de 200,000 menores abusados por religiosos, pudiendo llegar a 400,000 si se incluían los cometidos por laicos en ámbitos religiosos.
La Iglesia católica, por su parte, refutó esas estimaciones. En su propio informe, reconoció 1,057 “casos registrados” en sus diócesis, de los cuales consideró 358 como “probados” o “verosímiles”. En 2024, la Iglesia puso en marcha su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), que hasta noviembre de 2025 había recibido 99 peticiones, resuelto 51 casos y propuesto indemnizaciones por un valor total superior a 1.5 millones de euros. El presidente de la CEE, Luis Argüello, declaró que la Iglesia ya había pagado alrededor de 2 millones de euros en compensación a más de un centenar de víctimas.
Reacciones y próximos pasos
El acuerdo ha sido valorado como un avance por las asociaciones de víctimas, aunque con matices. El portavoz de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, expresó su “plena satisfacción” tras años de lo que consideró “desidia” por parte de la Conferencia Episcopal, aunque subrayó que “siempre llega tarde” y que se debería haber actuado mucho antes.
El ministro Bolaños también anunció que, como parte del acuerdo, el Gobierno promoverá una propuesta análoga para crear sistemas de reparación en otros sectores donde han acontecido abusos, como el deporte, la educación o los centros de protección de menores, para víctimas cuyos casos también hayan prescrito.
Este pacto sobre reparación se suma a otros acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Iglesia en los últimos años, como los relativos a inmatriculaciones de bienes, fiscalidad de propiedades y la resignificación del Valle de Cuelgamuros, marcando un nuevo hito en la compleja relación entre el Estado español y la institución eclesiástica.
Las víctimas que deseen acceder a este procedimiento podrán iniciarlo en los próximos meses ante una unidad especial creada en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
