Un reporte del Órgano Interno de Control (OIC) de la empresa estatal Leche para el Bienestar S.A. de C.V. ha identificado graves deficiencias en al menos diez contratos relacionados con el transporte y distribución de leche subsidiada. Las observaciones incluyen la falta de certificaciones sanitarias, vehículos obsoletos, la ausencia de licencias de conducir vigentes entre los transportistas y una gestión de la fumigación que no garantiza la inocuidad de los productos alimenticios.
Principales hallazgos de la auditoría
La auditoría 2025-02-OIC-08-VST-AA002 analizó una serie de contratos de transporte adjudicados en 2023, encontrando incumplimientos normativos en múltiples frentes. Para resumir las fallas más críticas:
El organismo concluyó que estas fallas constituyen incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a su reglamento y al propio Manual de Organización de la empresa.
Contexto y empresas involucradas
Leche para el Bienestar es una empresa subsidiaria del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional y la Secretaría de Agricultura (SADER). Su función principal es distribuir leche subsidiada a precio social a través de programas de asistencia. El reporte del OIC, formalizado en septiembre de 2025, emplazó a la empresa a enviar informes de aclaración sobre todas las observaciones antes del 1 de diciembre de 2025.
La licitación evaluada involucró a empresas de transporte como Transportes EHL del Centro S.A. de C.V., Transportes Tranasa, S.A. de C.V., Transportes ESDO, S.A. de C.V. y Compañía Logística Guendu Line, S.A. de C.V. El OIC detectó que durante el proceso estas empresas no cumplieron con acreditar debidamente todos los requisitos establecidos.
La ausencia de estos controles es particularmente grave considerando que se trata del transporte de un alimento de consumo masivo, especialmente dirigido a poblaciones vulnerables. Análisis institucionales previos sobre el modelo de negocio de empresas del sector, como Liconsa, ya señalaban debilidades como la “falta de transparencia” entre sus riesgos operativos.
