El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó Costa Rica este 14 de enero para inaugurar las obras del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), un proyecto penal basado en su propio Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El acto, realizado junto al presidente costarricense Rodrigo Chaves, tuvo lugar a menos de tres semanas de las elecciones generales del país, agitando el panorama electoral con debates sobre seguridad, derechos humanos y la influencia política de la visita.

La prisión y su contexto
El CACCO, ubicado en Alajuela a 18 kilómetros de San José, está inspirado en la megacárcel salvadoreña. Se prevé que albergue a 5,100 reclusos distribuidos en cinco módulos, con una inversión estimada en 35 millones de dólares. El gobierno costarricense afirma que el asesoramiento técnico de El Salvador permitió reducir el presupuesto inicial y aumentar la capacidad.
La decisión de construir una cárcel de alta seguridad responde a una crisis penitenciaria y de seguridad en Costa Rica. Las prisiones del país presentan un hacinamiento del 34.4%, con 18,061 personas privadas de libertad a finales de 2025. Paralelamente, la nación registra cifras históricas de homicidios, superando los 870 casos anuales en los últimos años.

La sombra electoral y la polarización
La inauguración, con un avance de obra del 40%, se produjo en plena campaña para las elecciones del 1 de febrero de 2026. La oposición denunció que el evento fue utilizado para impulsar a la candidata oficialista y favorita en los sondeos, Laura Fernández, exministra de Chaves, quien promete aplicar políticas de “mano dura” similares a las de Bukele. Fernández cuenta con una opinión favorable del 57% del electorado, según la encuestadora CID Gallup.
Aunque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó la visita, recordó a Bukele la prohibición de inmiscuirse en los asuntos internos. El presidente Chaves, por su parte, calificó de “aberración” esa advertencia del tribunal.

El debate sobre el “modelo Bukele”
Durante el acto, Bukele defendió su estrategia: “No hay otra forma de resolverlo más que con fuerza, con la fuerza del Estado”. Afirmó que Costa Rica tiene la oportunidad de actuar antes de que el problema crezca como en su país, donde bajo un régimen de excepción se han realizado unas 90,000 detenciones en cuatro años.
Sin embargo, el “modelo Bukele” es ampliamente cuestionado por organismos de derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias, torturas y condiciones inhumanas en las cárceles salvadoreñas. Las autoridades costarricenses han intentado marcar distancia, asegurando que en el CACCO se respetará la normativa local y los derechos fundamentales, a diferencia de lo denunciado en el CECOT.

La agenda política detrás de la cárcel
El proyecto penitenciario va más allá de la infraestructura. Tanto Bukele como Chaves vincularon su éxito a cambios profundos en el sistema de justicia. Chaves argumentó que el CACCO “va a estar vacío si no cambian nuestras leyes y no cambia el Poder Judicial”, acusando a este poder del Estado de ser un adversario en la lucha contra la inseguridad.
Esta postura se alinea con el deseo del oficialismo de obtener una mayoría legislativa que permita reformas constitucionales y del Poder Judicial. La candidata Fernández, si gana, buscaría esa mayoría para impulsar dichos cambios.

La visita de Bukele a Costa Rica exporta no solo un modelo carcelario, sino un debate polarizante que enfrenta la demanda de seguridad ciudadana con los principios del estado de derecho y los derechos humanos, en un contexto electoral decisivo para el futuro político del país.