La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo dependiente del gobierno nacional, ha iniciado los procedimientos para dar de baja a veinte obras sociales del sistema de salud argentino. Las medidas, oficializadas mediante comunicaciones publicadas en el Boletín Oficial, responden a incumplimientos en materia de solvencia, capacidad de gestión y prestación de servicios por parte de las entidades afectadas.
Esta acción regulatoria representa un paso significativo dentro de la política de control y depuración del sistema de salud que viene implementando la administración del presidente Javier Milei, con el objetivo declarado de eliminar entidades ineficientes e irregulares, comúnmente denominadas “sellos de goma”.
Obras sociales afectadas y fundamentos de la medida
Las entidades sujetas a este proceso de baja, en dos grupos diferenciados por resolución, son las siguientes:
Primera comunicación (baja del registro provisorio):
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería y Servicios Relacionados con la Salud Humana.
- Mutual Persona John Deere Argentina.
- Asistencia Mutual Aeronavegante.
- Instituto Médico Asistencial IMA.
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil.
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina.
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios.
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre.
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios.
Segunda comunicación (suspensión):
- Asociación Mutual Intercooperativa.
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Ltda. – COEVICAL.
- Instituto Materno Infantil S.A.
- EMPY S.R.L.
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.
- Austral Organización Médica Integral S.A.
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
- IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
- Cardio S.A.
Según la información oficial, la sanción se aplica debido a que estas obras sociales no cumplieron con los planes de contingencia exigidos por la SSS ni presentaron la documentación requerida para regularizar su situación financiera y operativa, incurriendo así en una violación del artículo 5°, inciso b, de la Ley N° 26.682.
Protección a los afiliados y reordenamiento del sistema
Las autoridades han asegurado que los beneficiarios de las obras sociales intervenidas no perderán su cobertura médica. El procedimiento establecido otorga a los afiliados el derecho a elegir una nueva obra social. En caso de que no ejerzan esta opción, la Superintendencia de Servicios de Salud se encargará de asignarles una entidad alternativa con características similares para garantizar la continuidad de la prestación. Paralelamente, las obras sociales sancionadas tienen la obligación de informar formalmente a sus afiliados sobre el inicio del proceso de baja.
Esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio de auditoría y control sobre las casi 300 obras sociales registradas en el país. La SSS ha intensificado sus revisiones con el propósito declarado de priorizar la calidad del servicio y la correcta administración de los fondos públicos, buscando garantizar un sistema de salud “más eficiente, sustentable y transparente”.
Contexto de reformas en el sistema de salud
La baja de estas veinte obras sociales no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral de reordenamiento. Previamente, en junio de 2025, la SSS había dado de baja a la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), marcando la primera liquidación de una entidad de este tipo durante la actual gestión, tras detectarse que carecía por completo de actividad, afiliados y prestaciones.
Además, el gobierno ha implementado cambios estructurales que afectan la financiación del sistema. Un ajuste clave fue la modificación del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA). Anteriormente, un porcentaje de la recaudación se distribuía en partes iguales entre las obras sociales con más de 5,000 afiliados, un esquema que, según la SSS, premiaba la ineficiencia al desincentivar el crecimiento de las entidades más pequeñas. El nuevo decreto establece que el subsidio se distribuirá de forma directamente proporcional al número real de afiliados de cada obra social, buscando eliminar lo que califican como “distorsiones” y “privilegios”. Este cambio afectó financieramente a 201 de las 290 obras sociales, con una reducción conjunta de subsidios estimada en $3.483 millones.
A este escenario se suma el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno, el cual propone reducir el aporte patronal a las obras sociales del 6% al 5%. Según estimaciones del sector gremial y análisis especializados, esta medida podría representar un recorte superior a los $100.000 millones mensuales para el financiamiento del sistema de obras sociales, profundizando la crisis financiera de muchas entidades. Sindicatos como el Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) han alertado que esta reducción impactaría directamente en la continuidad y calidad de las prestaciones de salud para los trabajadores.
Con estas acciones, la Superintendencia de Servicios de Salud avanza en un proceso de depuración del sistema que combina la intervención directa sobre entidades irregulares con reformas estructurales en los mecanismos de subsidio y financiamiento, en un contexto de fuerte debate político y social sobre el futuro de la cobertura de salud en Argentina.
