Hoy ha entrado en vigor el Tratado de Alta Mar, un acuerdo internacional histórico que establece por primera vez un marco legal global para proteger la biodiversidad en las aguas internacionales, que cubren casi la mitad de la superficie del planeta. Formalmente conocido como el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), este tratado vinculante marca un hito tras casi dos décadas de negociaciones y supone un cambio sistémico en la gobernanza del océano.
Un acuerdo para gobernar la mitad del planeta
El Tratado regula las zonas de alta mar, que se definen como las aguas situadas más allá de las fronteras nacionales. Estas áreas, junto con el lecho marino internacional, constituyen más de dos tercios de la superficie del océano y representan más del 90% del hábitat de la Tierra en volumen, equivalente a casi la mitad de la superficie total del planeta.
A pesar de su enorme importancia ecológica como uno de los mayores reservorios de biodiversidad y un regulador climático clave, menos del 1% de la alta mar ha estado protegido hasta ahora. La actividad humana, incluyendo la pesca destructiva, la contaminación por plásticos, el transporte marítimo y la amenaza emergente de la minería en aguas profundas, ejerce una presión creciente sobre estos ecosistemas vitales.
Los cuatro pilares clave del Tratado
El acuerdo establece un marco legal integral que se basa en cuatro pilares principales para transformar la gestión de los océanos:
- Creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP): Permite, por primera vez, establecer una red de áreas marinas protegidas en alta mar. Este mecanismo es crucial para alcanzar el objetivo global 30×30, que busca proteger el 30% de los océanos del mundo para 2030. Las AMP podrán aprobarse por votación en ausencia de consenso, evitando que un solo país bloquee su creación.
- Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA): Establece obligaciones claras para que los países evalúen los impactos ambientales de las actividades planificadas en alta mar, como la exploración científica o potenciales actividades extractivas. Los gobiernos deberán notificar públicamente estas actividades.
- Recursos Genéticos Marinos (MGR): Crea un mecanismo para compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, que tienen aplicaciones en medicina, suplementos y cosmética. El tratado también prioriza el acceso a la tecnología y el desarrollo de capacidades para los países en desarrollo.
- Fortalecimiento de capacidades y transferencia tecnológica: Incluye disposiciones para apoyar a los países en desarrollo mediante programas que mejoren su capacidad para participar en la conservación, investigación y gestión sostenible de los océanos.
Una implementación rápida y desafíos pendientes
El tratado entró en vigor 120 días después de alcanzar un hito crucial: la ratificación por parte de 60 países, lograda el 19 de septiembre de 2025. A fecha de hoy, más de 80 países lo han ratificado, incluyendo potencias marítimas como China, Japón, Alemania, Francia y Brasil, así como la Unión Europea.
No obstante, la ausencia de algunas grandes economías es notable. Estados Unidos, el mayor exportador mundial de bienes relacionados con el océano, firmó el acuerdo pero aún no lo ha ratificado, lo que le impide votar en las decisiones futuras. India, el Reino Unido y Rusia tampoco se encuentran entre los países que lo han ratificado.
Los expertos señalan que el verdadero trabajo comienza ahora. Si bien el tratado proporciona las herramientas, su efectividad dependerá de una implementación rápida y sólida. Entre los primeros pasos inmediatos, los países deben empezar a promover los objetivos del tratado en otros organismos internacionales, como los que regulan la pesca, el transporte marítimo o la minería de fondos marinos.
El camino por delante: de las palabras a la acción
La primera Conferencia de las Partes (COP) del tratado deberá celebrarse en el plazo de un año. En ella, los países establecerán los detalles operativos clave, como la secretaría permanente, el órgano científico y los mecanismos de financiación.
Aunque se celebra como un triunfo del multilateralismo, persisten dudas sobre su alcance. El tratado no regula directamente la minería en aguas profundas, una industria emergente que, según los científicos, podría causar daños irreversibles. Tampoco aborda de manera exhaustiva todas las actividades en aguas nacionales, donde ocurre gran parte de la pesca. Organizaciones como la Deep Sea Conservation Coalition instan a los países a usar el impulso del tratado para establecer una moratoria global sobre la minería marina.
“Hoy es un día de celebración para la biodiversidad y el multilateralismo, pero la tarea de proteger el océano está lejos de haber terminado”, afirmó Sofia Tsenikli, de la Deep Sea Conservation Coalition. Por su parte, la Dra. Katie Matthews, científica en jefe de Oceana, subrayó: “Un tratado en papel no salvará al océano. Lo que importa ahora es convertir las palabras en acciones”.
