El gobierno del presidente Daniel Noboa inicia una masiva ofensiva militar en tres provincias costeras, reforzando los puertos y trasladando el alto mando a la región más afectada por el narcotráfico
En una respuesta directa a los niveles históricos de violencia, el gobierno ecuatoriano desplegó el viernes 16 de enero una fuerza de 10,000 soldados en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Los Ríos. La operación, que incluye el traslado del alto mando militar a Guayaquil por tiempo indefinido, marca una intensificación sin precedentes en la estrategia de “mano de hierro” contra las bandas narcotraficantes que tienen al país en una crisis de seguridad.
Contexto de una crisis profunda
El despliegue se produce en un momento crítico. Ecuador, otrora un país tranquilo, se ha transformado en el más violento de América Latina, con una tasa de 52 homicidios por cada 100,000 habitantes registrada en 2025, lo que equivale a un asesinato cada hora. Esta escalada está directamente vinculada a la guerra entre organizaciones criminales con nexos en carteles internacionales, que luchan por el control del tráfico de drogas. La posición geográfica del país, situado entre Colombia y Perú—los mayores productores mundiales de cocaína—lo ha convertido en un corredor estratégico para el narcotráfico.
Detalles del operativo militar
La movilización comenzó con el arribo de cientos de soldados de fuerzas especiales al aeropuerto de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas. Desde este punto se reforzarán los operativos en las tres provincias objetivo. Adicionalmente, vuelos con personal militar aterrizaron en Manta, el principal puerto pesquero del país y una zona con altos índices de violencia.
El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ordenó que el alto mando castrense opere de forma indefinida desde la ciudad de Guayaquil. Desde allí, se coordinarán las acciones y se realizarán inspecciones permanentes en los puertos marítimos, infraestructuras consideradas vitales para el negocio del narcotráfico. En un comunicado contundente, el Ministerio de Defensa advirtió: “La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad”.
Reacción gubernamental y medidas complementarias
Frente al pico de homicidios con el que inició el año, el presidente Daniel Noboa suspendió sus vacaciones y mantuvo una reunión de urgencia a puerta cerrada con su gabinete de seguridad y los mandos militares y policiales. Mientras se desarrolla la ofensiva en la costa, la capital, Quito, permanece bajo una fuerte vigilancia.
Paralelamente a la movilización militar, el presidente Noboa firmó un decreto que modifica el esquema de seguridad proporcionado por la Casa Militar Presidencial. La nueva normativa establece que la protección se extenderá al presidente, al vicepresidente, a la secretaria general de la Administración y a sus respectivas familias, sujeta a una evaluación de riesgo específica. Esta medida actualiza normativas anteriores y centraliza la decisión sobre la protección en la Casa Militar.
