El Órgano de Administración Judicial (OAJ) implementa un estricto plan de disciplina presupuestaria que incluye recortes en estructuras, gasto operativo y contratación, con el objetivo de optimizar el uso de recursos en todo el sistema judicial federal
El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó por unanimidad el Acuerdo de Disciplina Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026, un conjunto integral de medidas de austeridad que será aplicable a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF). La normativa, avalada el 11 de diciembre de 2025 y cuya entrada en vigor está pendiente de publicación oficial, busca una optimización del gasto que permita fortalecer la función jurisdiccional priorizando la eficiencia administrativa.
Medidas centrales de racionalización del gasto
El acuerdo establece reducciones significativas en varios rubros del presupuesto judicial:
- Reducción de estructuras orgánicas: Se ordena una disminución del 10% en el costo total anual de las estructuras orgánicas de todos los órganos del PJF, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este recorte debe cumplirse a más tardar al cierre de enero de 2026.
- Recorte al gasto operativo: Los recursos destinados a comedores, viáticos y comisiones sufrirán una reducción del 50% en comparación con lo ejercido durante el año fiscal 2025.
- Contratación por honorarios: La contratación de servicios profesionales por este concepto queda estrictamente condicionada. Solo se permitirá para cubrir necesidades extraordinarias, temporales y especializadas que no estén contempladas en los perfiles de las plazas autorizadas. Los contratos estarán limitados a convenios de tres meses, con un máximo de seis meses por ejercicio fiscal, y no podrán ser consecutivos para el mismo prestador de servicios.
Optimización y gestión del personal
En materia de recursos humanos, el acuerdo impone una política de contención y reorganización interna:
- Reducción de plantillas: Se establece la reducción de las plantillas en un 10% de su costo total anual. Además, se instruye a “reducir al mínimo” los recursos destinados a la creación de nuevas plazas durante el 2026, requiriendo para ello autorización expresa de la Comisión de Administración y del pleno del OAJ.
- Optimización de vacantes: Para cubrir necesidades de personal, se deberá privilegiar el traspaso de vacantes existentes o la aplicación de “movimientos compensados” (cancelación y creación simultánea de plazas). Cuando una plaza quede vacante en áreas administrativas o de apoyo, será obligatorio que permanezca desocupada por lo menos 30 días naturales. Aquellas con una vacancia superior a cuatro meses serán puestas a disposición del OAJ.
Contexto, aplicación y próximos pasos
El documento, firmado por el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, y el secretario ejecutivo del pleno, César Mauricio López Ramírez, fue certificado en un contexto administrativo particular, específicamente antes de la renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romero.
El acuerdo dispone que, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026, el OAJ deberá publicar los lineamientos detallados y el monto específico de la meta de ahorro que cada entidad judicial deberá alcanzar. La norma entrará formalmente en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), medio en el que, según reportes, aún no ha sido difundida.
La medida, presentada como un marco para la eficiencia, transparencia y uso responsable de los recursos públicos, busca reorientar el gasto hacia las funciones sustantivas de impartición de justicia. Sin embargo, su implementación ya ha generado incertidumbre entre una parte del personal del PJF, ante la cancelación de plazas y la restricción en la contratación.
