El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), ha publicado una resolución que prohíbe de forma definitiva el registro, importación, comercialización y uso de ocho plaguicidas clasificados como altamente peligrosos (PAP) en todo el territorio nacional. La medida, formalizada con la Resolución No. OAL-003-ADM-2026, busca proteger la salud pública y los ecosistemas ante la evidencia que vincula estas sustancias con cáncer, daños neurológicos, alteraciones hormonales y contaminación persistente.

Sustancias prohibidas y sus riesgos documentados

La prohibición total abarca los siguientes ocho ingredientes activos:

  • Alaclor, Carbaril, Formaldehído, Imazalil, Propaclor y Spirodiclofen: Identificados como agentes carcinogénicos por organismos internacionales como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).
  • Benomilo y Endosulfán: Clasificados como agentes mutagénicos y disruptores endocrinos. El endosulfán, además, es un contaminante orgánico persistente incluido en el Convenio de Estocolmo y está prohibido en más de 80 países.

Según el MIDA, la decisión se fundamenta en análisis técnicos y en alarmantes estadísticas de salud nacionales, como los 7,681 nuevos casos de cáncer registrados en Panamá durante 2020. Estudios locales han detectado residuos de estas sustancias en alimentos y en importantes cuencas hidrográficas, representando un riesgo para toda la población.

Un período de transición y el impulso a la agricultura sostenible

Para facilitar la adaptación del sector productivo, la resolución establece un período de gracia de 18 meses (aproximadamente hasta mediados de 2027). Durante este plazo, los importadores y distribuidores podrán agotar las existencias de productos que ya contaban con registro. Cumplido el plazo, el MIDA y el Ministerio de Salud procederán a recolectar las formulaciones remanentes para su devolución al país de origen.

Esta prohibición forma parte de una estrategia nacional más amplia que busca fortalecer la seguridad alimentaria. Con esta medida, la actual administración suma 20 plaguicidas prohibidos en total. El MIDA ha anunciado que reforzará las inspecciones y promoverá activamente las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) como alternativa para una producción competitiva y segura. Este enfoque se apoya en nueva infraestructura, como el Laboratorio de Residuos de Plaguicidas, y en capacitaciones técnicas para los productores.

Contexto global y desafío agrícola

La decisión panameña se alinea con estándares y convenios internacionales como el Convenio de Rotterdam y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). A nivel global, existe una presión creciente para reducir el uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos. Incluso organizaciones certificadoras, como Rainforest Alliance, han establecido políticas para la eliminación progresiva de estas sustancias, aunque reconocen la dependencia actual en ciertos cultivos y otorgan excepciones temporales bajo estrictas condiciones cuando no existen alternativas viables.

El desafío para Panamá y la región es complejo: equilibrar la protección de la salud y el ambiente con la demanda de alimentos y la productividad agrícola. La prohibición de estos ocho plaguicidas marca un avance regulatorio significativo, pero su éxito a largo plazo dependerá de la efectiva transición del sector hacia modelos agrícolas más sostenibles y de menor dependencia química.