De las 8,563 quejas formales recibidas en su último año de labores, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió apenas 18 recomendaciones, lo que representa solo el 0.2% del total de casos atendidos. La cifra, revelada por la presidenta del organismo, Rosa Isela Sánchez, en su Primer Informe de Labores, pone de relieve la abrumadora proporción de asuntos que no llegan a una resolución de fondo a través de este mecanismo, que constituye una de las principales herramientas de defensa no jurisdiccional.
El informe presentado en noviembre de 2025 destaca que la mayor parte de las vulneraciones registradas corresponden al derecho a la seguridad jurídica, con 5,903 casos, seguido de lejos por el derecho al trato digno, con 548 casos, y el derecho a la igualdad, con 133.
Conciliación y medidas cautelares como herramientas prioritarias
Ante la reducida emisión de recomendaciones, el balance presentado por la ombudsperson poblana muestra un fuerte énfasis en mecanismos alternativos y preventivos. Durante el periodo reportado, la CDH Puebla promovió 22 acuerdos conciliatorios cumplidos y emitió 589 medidas cautelares para evitar violaciones irreparables.
Esta orientación refleja una corriente de pensamiento dentro de algunos organismos defensores de derechos humanos, que priorizan la solución pronta y la restitución inmediata de derechos sobre la confrontación formal. En línea con esto, Nashieli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ha argumentado públicamente que “insistir en hacer vinculantes las Recomendaciones es una solución equivocada”, abogando por un sistema que actúe como un agente activo de cambio y conciliación.
Un contexto nacional complejo para los derechos humanos
Los datos de Puebla se conocen en un momento de intenso debate sobre el papel y la eficacia de las instituciones protectoras de derechos humanos en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a nivel federal, registró un incremento en su productividad formal durante 2024, año en que emitió 317 recomendaciones.
Sin embargo, la gestión de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y legisladores de oposición, quienes la acusan de debilitar la autonomía del organismo y de actuar como una aliada del gobierno federal, guardando silencio ante violaciones graves. La propia Piedra Ibarra ha defendido su gestión, calificándola de “transformación” hacia una institución menos onerosa y más productiva.
La falta del Gobernador y el camino institucional
La presentación del informe de la CDH Puebla no estuvo exenta de simbolismo político. El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, no asistió a la ceremonia, un hecho que fue notado por los asistentes, entre los que se encontraban diputados locales, integrantes del gabinete estatal y representantes de organizaciones no gubernamentales.
La presidenta Sánchez destacó avances institucionales como la reforma al reglamento interno, que fortaleció la etapa de análisis jurídico de las quejas, y el trabajo en penitenciarías, donde se realizaron 139 visitas de supervisión. Pese a estos esfuerzos, la enorme distancia entre las miles de quejas presentadas por la ciudadanía y las pocas recomendaciones emitidas deja un claro pendiente: demostrar que los mecanismos no jurisdiccionales pueden traducirse en justicia tangible y reparación efectiva para un número significativo de personas.
