La saturación y las largas esperas en las instituciones públicas de salud en Puebla han impulsado un crecimiento sostenido de entre el 30 y el 40% en los últimos cinco años en la atención de consultorios adyacentes a farmacias privadas (CAF). Esta alternativa, percibida como más rápida y accesible, genera un intenso debate sobre su calidad, riesgos y la necesidad de una regulación más estricta ante la evidente migración de pacientes del sector público al privado.

Para la Dra. Yaneth Martínez Tovilla, Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), este fenómeno es una consecuencia directa de las deficiencias del sistema de salud estatal. Sin embargo, especialistas advierten que la rapidez puede derivar en diagnósticos erróneos y en un gasto de bolsillo que afecta la economía familiar.

Un modelo en expansión impulsado por la crisis pública

El crecimiento de los CAF no es exclusivo de Puebla, sino una tendencia nacional. Datos de la Asociación Nacional de Farmacias de México estiman que para 2023 existían unos 18,000 consultorios de este tipo en todo el país, atendiendo a más de 10 millones de personas mensualmente. Este auge responde a un claro deterioro en la atención pública: entre 2018 y 2022, el número de consultas para personas sin seguridad social en México cayó de 95 a 51 millones.

El diputado federal y médico Éctor Jaime Ramírez Barba argumenta que esta expansión es la respuesta a “una gran proliferación del servicio privado ante la franca ausencia del sector público”. Los pacientes citan como principales ventajas de los CAF la cercanía, la atención en menos de 15 minutos sin necesidad de cita y un trato percibido como más amable, en contraste con las largas filas y la frecuente falta de medicamentos en las clínicas del IMSS o ISSSTE.

Riesgos y debate sobre la necesidad de regulación

Pese a su accesibilidad, el modelo de los CAF enfrenta críticas sustanciales. El principal riesgo señalado por expertos es el posible conflicto de interés, dado que el médico que prescribe y la farmacia que vende pertenecen al mismo grupo comercial. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha alertado sobre la existencia de “incentivos para recetar medicamentos, aun cuando las personas que son atendidas podrían no requerirlos”.

Además, si bien estos consultorios operan de forma legal –sus médicos tienen cédula profesional y los establecimientos cuentan con aviso de funcionamiento de la autoridad sanitaria–, el Coneval urge a crear un régimen específico para supervisar y controlar su expansión. Xavier Tello, analista en políticas de salud, sostiene que la regulación actual es suficiente, pero reconoce que “los consultorios están porque la gente los necesita”, respondiendo a un sistema público que considera “anacrónico y arcaico”.

El impacto económico y el futuro de la atención primaria

Para la población, el costo de acudir a un CAF representa un gasto de bolsillo directo que puede comprometer el ingreso familiar, especialmente para quienes no tienen seguridad social. Este gasto se suma al ya realizado en impuestos para sostener el sistema público, creando una doble carga económica.

El fenómeno parece consolidarse. En 2021, el 11% de los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE ya utilizaba estos servicios, una cifra que subía al 29% entre personas con seguro privado. La tendencia sugiere que los CAF se han establecido como un componente semipermanente del ecosistema de salud mexicano, llenando un vacío que el sector público no ha podido cubrir, pero planteando desafíos urgentes en términos de calidad, ética médica y protección al consumidor que las autoridades aún deben abordar de manera integral.