La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado un debate intenso en la política energética al dar un giro importante hacia la reactivación del fracking o fractura hidráulica, una técnica para extraer hidrocarburos que había sido rechazada durante el gobierno anterior. El cambio de estrategia marca una diferencia clara con las políticas impulsadas por su predecesor, que intentó prohibir este método debido a sus posibles impactos ambientales y sociales. El actual enfoque busca aprovechar yacimientos de gas y petróleo no convencionales con la intención de fortalecer la producción energética y reducir la dependencia de importaciones.
Este nuevo rumbo ha provocado tensiones dentro del bloque gobernante, donde distintos grupos políticos y sociales han expresado posturas dispares. Legisladores y sectores del partido en el poder han manifestado su preocupación por los efectos ambientales del fracking, señalando riesgos asociados a la contaminación de agua, emisiones y problemas comunitarios. Al mismo tiempo, aliados políticos han defendido la medida, argumentando que puede representar beneficios económicos y energéticos para el país, incluidos incentivos para la producción interna bajo marcos tecnológicos más modernos.
La discusión también ha trascendido al ámbito de la sociedad civil y los movimientos ambientales, que han exigido a las autoridades cumplir con promesas previas de prohibir esta técnica extractiva y priorizar métodos más sustentables. Organizaciones y comunidades han señalado que el fracking puede tener efectos negativos sobre recursos hídricos y territorios vulnerables. Este debate refleja una tensión más amplia entre los objetivos de seguridad energética y la necesidad de proteger ecosistemas, derechos comunitarios y la salud pública en un contexto de cambio climático y exigencia ciudadana por políticas más ecológicas.
Mientras tanto, el gobierno sostiene que la apertura al uso de esta técnica forma parte de una estrategia pragmática para asegurar la producción de hidrocarburos y reducir la dependencia energética de otros países, particularmente en el contexto de mercados volátiles. La discusión continúa en foros políticos, legislativos y comunitarios, con cada sector promoviendo sus argumentos en torno a los beneficios y costos del fracking, lo que subraya la complejidad y el impacto potencial de esta decisión en la agenda energética de México.
