Autoridades ministeriales confirmaron este lunes la muerte de tres de los diez trabajadores mineros que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa. Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, la misma zona donde ocurrió la desaparición del grupo.

Los fallecidos fueron identificados mediante protocolos forenses como José Ángel Hernández, José Manuel Castañeda e Ignacio Aurelio Salazar Flores. El hallazgo de los restos se produjo el 5 de febrero, aunque la confirmación oficial de las identidades se dio a conocer en las últimas horas. Hasta el momento, se desconoce el paradero y condición de los otros siete mineros desaparecidos, y las investigaciones continúan para determinar el móvil exacto del crimen.

Detenciones e investigación

El descubrimiento de la fosa clandestina fue resultado de trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR), que informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas al secuestro masivo. Según versiones oficiales, la información proporcionada por los detenidos fue crucial para ubicar el sitio exacto donde se encontraban los cuerpos.

Postura del Gobierno Federal

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al caso. “Lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias. Que no vuelva a ocurrir una situación así”, expresó la mandataria. Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad ha estado trabajando en el caso desde el primer reporte de desaparición y reiteró que la búsqueda de los trabajadores restantes continúa siendo una prioridad para las fuerzas federales.

Contexto y repercusiones

Este crimen ha generado conmoción en la región, particularmente en el sector minero de Sinaloa, un estado con una importante actividad extractiva. La desaparición de los diez trabajadores puso en evidencia los persistentes desafíos de seguridad en ciertas zonas del país. Organizaciones de la sociedad civil y familiares de las víctimas han exigido justicia y respuestas claras sobre las circunstancias del secuestro y la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales