En el Congreso del estado de Puebla se presentó una iniciativa legislativa para endurecer las sanciones penales contra el matrimonio infantil, con el objetivo de proteger los derechos de niñas y adolescentes y erradicar una práctica que se considera violatoria de los derechos humanos. El proyecto propone imponer penas de prisión de hasta 15 años para quienes promuevan, faciliten o celebren la unión de menores de edad, así como establecer sanciones económicas y medidas de reparación para las víctimas. Esta propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer el marco jurídico en materia de derechos de la infancia.
Los diputados que impulsan la iniciativa señalaron que el matrimonio infantil no solo representa un acto con implicaciones legales cuestionables, sino que también está vinculado a violencia, abandono escolar, embarazos precoces y condiciones de vulnerabilidad social, afectando el desarrollo integral de quienes lo sufren. En este sentido, buscaron elevar las penas que se aplican actualmente para que exista un efecto disuasivo claro y se envíe un mensaje contundente de que el Estado protegerá prioritariamente a los menores de edad.
La propuesta contempla que las penas de prisión de hasta 15 años se apliquen no solo a quienes celebren el matrimonio, sino también a quienes instiguen, autoricen o faciliten la unión, incluyendo a familiares, funcionarios o autoridades que hayan intervenido de manera irregular. Además de la prisión, se plantean multas económicas significativas y la obligación de garantizar programas de atención, reparación y acompañamiento psicológico y social para las niñas y adolescentes afectadas, con el fin de promover su recuperación y reintegración.
Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos han respaldado la iniciativa, al señalar que las sanciones vigentes han sido insuficientes para erradicar la práctica, y que este tipo de medidas puede contribuir a proteger mejor a la infancia y adolescencia frente a violaciones de derechos fundamentales. El proyecto será analizado en comisiones y, de ser aprobado, representaría un avance en la protección de los derechos de niñas y adolescentes en el estado de Puebla, alineándose con estándares internacionales en la materia.
