El Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Diego Rivera Navarro, presidente municipal con licencia de Tequila, Jalisco, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado .

La resolución judicial, emitida el 10 de febrero de 2026 por el juez Mario Elizondo Martínez, también alcanzó a dos exfuncionarios municipales: Juan Manuel Pérez Sosa, exdirector de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, exdirector de Catastro y Predial. Ambos fueron procesados por los mismos ilícitos .

Determinaciones judiciales

La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa para los tres imputados. Diego Rivera Navarro permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, mientras que Juan Manuel Pérez Sosa y Juan Gabriel Toribio Villarreal cumplirán la medida cautelar en el penal federal de Cintalapa, Chiapas .

El juez concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) y las defensas podrán reunir los elementos de prueba que eventualmente serán presentados en la etapa de juicio .

De acuerdo con la determinación judicial, al estar imputado por presuntas funciones de dirección o administración dentro de un grupo delictivo, Rivera Navarro podría enfrentar una pena de 70 a 130 años de prisión en caso de ser hallado culpable .

Hechos imputados

La FGR señala a Diego Rivera Navarro como presunto responsable del secuestro de Guillermo Cordero García, entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, ocurrido en marzo de 2021 .

De acuerdo con la indagatoria, el 24 de marzo de 2021, Rivera Navarro y Toribio Villarreal, acompañados de personas armadas, habrían privado de la libertad a Cordero García en un restaurante del municipio. La víctima fue subida a una camioneta, cubierta con una prenda y trasladada a un terreno baldío y posteriormente a una casa de seguridad, donde fue golpeada y obligada a firmar su renuncia a la candidatura .

Mediante una llamada telefónica forzada, el precandidato contactó a su suplente, quien fue igualmente retenido, trasladado al mismo inmueble y sometido a similares condiciones de violencia. Ambos fueron liberados tras suscribir su desistimiento ante un fedatario público .

El testimonio de la víctima, que permaneció resguardado por temor a represalias durante aproximadamente cinco años, fue determinante para el avance de la investigación ministerial .

Presunta estructura delictiva desde el Ayuntamiento

Las investigaciones federales refieren que Rivera Navarro habría encabezado una red delictiva que operaba desde la administración municipal con presuntos vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la indagatoria, el entonces alcalde habría pactado con dicha organización la entrega de 40 millones de pesos anuales a cambio de respaldo político y electoral .

La FGR ha identificado a otros presuntos participantes en la estructura, entre ellos Diego López Ibarra, tesorero municipal, y Julio César Limón Trigueros, jefe de Gabinete, quienes se encuentran prófugos, así como a Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, señalado como enlace con el CJNG y requerido por autoridades de Estados Unidos .

En la indagatoria se menciona también a Raquel Nañez Bugarin, esposa del exalcalde; Francisco Javier Rivera Gutiérrez, director de Padrón y Licencias; Osmara Araujo Aceves, directora de Recursos Humanos, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, este último detenido y sujeto a proceso por otros ilícitos .

Extorsión a comerciantes y empresarios

Las investigaciones ministeriales documentaron un presunto esquema de extorsión sistemática contra comerciantes, artesanos y empresas del ramo tequilero. De acuerdo con los testimonios incorporados a la carpeta de investigación, funcionarios municipales habrían exigido pagos que oscilaban entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales a cambio de permitir la operación de negocios, bajo amenaza de clausura o de privación de la libertad .

Uno de los testimonios refiere que un comerciante fue obligado a pagar 50 mil pesos para reabrir su local y posteriormente 20 mil pesos mensuales. Al no completar un pago por enfermedad de un familiar, denunció haber sido agredido físicamente por funcionarios municipales .

La FGR también mantiene líneas de investigación abiertas por presuntas extorsiones a empresas tequileras. Una denuncia presentada por la firma José Cuervo refiere cobros por hasta 60 millones de pesos, aunque este caso aún no ha derivado en nuevas imputaciones .

Posición de la defensa y declaración del imputado

Durante la audiencia, los abogados de Rivera Navarro sostuvieron que el proceso tiene un origen político y que las acusaciones se basan en testimonios de regidoras opositoras al exalcalde, argumento que fue desestimado por el juzgador .

Al ser cuestionado por el tribunal, Rivera Navarro declaró: “¿Qué le digo, su señoría? Estoy desconcertado por esto”. Tanto el exalcalde como los coimputados negaron conocer a Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”. “En la vida he escuchado ese nombre, en la vida”, respondió Rivera Navarro .

El juez Mario Elizondo Martínez señaló en su resolución: “Hay información de carácter objetivo de que al amparo del poder, en grado de presunción ejecutaron actividades delictivas. Con el estándar de probatorio del sistema acusatorio, se acredita el hecho delictivo y la posibilidad de participación” .

Contexto institucional

Diego Rivera Navarro, militante de Morena, fue detenido el 5 de febrero de 2026 en un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia .

Tras la detención, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a la acción institucional: “Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir” .

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició el procedimiento de expulsión del exalcalde y suspendió cautelarmente sus derechos partidarios.

Precisión procesal

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, sino la determinación judicial de que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal. La presunción de inocencia de los imputados subsiste durante toda la etapa procesal, a reserva de lo que se resuelva en el juicio oral con base en las pruebas que las partes aporten .