La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, presentó el 29 de agosto de 2025 los resultados de una investigación sobre las pensiones que reciben extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), organismo en liquidación administrado por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep). El informe, dado a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, documentó la existencia de pagos mensuales que alcanzan hasta un millón de pesos para un solo exservidor público .

Hallazgos de la investigación de agosto de 2025

De acuerdo con la información presentada por la secretaria Buenrostro, el gobierno federal eroga actualmente un monto anual de 28,074 millones de pesos para cubrir las pensiones de 14,073 extrabajadores de LyFC . La distribución de estos pagos mensuales, según el informe oficial, es la siguiente:

  • 1 exservidor público: más de 1,000,000 de pesos
  • 33 extrabajadores: de 700,000 a 999,999 pesos
  • 75 jubilados: de 400,000 a 699,999 pesos
  • 205 pensionados: de 300,000 a 399,999 pesos
  • 603 beneficiarios: de 200,000 a 299,999 pesos
  • 8,540 extrabajadores: de 100,000 a 199,999 pesos
  • 4,616 jubilados: de 3,491 a 99,999 pesos 

El informe precisa que 9,457 extrabajadores —equivalentes al 67 por ciento del padrón total— reciben pensiones mensuales de entre 100,000 y un millón de pesos. De este grupo, 3,504 personas tienen una jubilación superior al sueldo neto de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asciende aproximadamente a 134,000 pesos mensuales .

La secretaria Buenrostro destacó que estas pensiones representan hasta 140 veces el ingreso promedio mensual de los trabajadores mexicanos, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en alrededor de 7,000 pesos .

Paralelismo con el caso de Petróleos Mexicanos

La investigación también abarcó las pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se detectó un gasto anual de 24,844 millones de pesos para un padrón de 22,316 personas jubiladas. En esta paraestatal, 544 pensionados reciben un ingreso superior al de la presidenta de la República, lo que representa un costo anual de 1,827 millones de pesos. Adicionalmente, 618 casos presentan pensiones que superan las percepciones anuales brutas del director general de Pemex .

Acciones gubernamentales y anuncio de reforma constitucional

Durante la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó estas pensiones como “ofensivas para el pueblo de México” y anunció el análisis de una reforma constitucional para establecer un límite a los pagos que superen el salario de la persona titular del Ejecutivo Federal .

El 9 de septiembre de 2025, Sheinbaum formalizó el anuncio de que su gobierno promovería en el periodo legislativo una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de prohibir las pensiones millonarias a costa del erario, particularmente las que se pagan en Pemex y en el Indep a favor de beneficiarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro .

“¿Cómo es que una persona que trabajó por un tiempo, ni siquiera algunos pocos años, en Pemex y recibe 400 mil pesos mensuales? ¿O cómo es que los de Luz y Fuerza trabajaron y reciben un millón? ¡Un millón! Esos recursos tienen que ir a la gente”, declaró la mandataria .

Sheinbaum precisó que la reforma no busca afectar derechos laborales adquiridos, sino establecer un mecanismo constitucional que ponga “un límite a este abuso”. Asimismo, extendió una invitación a los beneficiarios de pensiones excesivas para que, de manera voluntaria, se acerquen a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y lleguen a un acuerdo para recibir una “pensión modesta” .

Mesas de trabajo y medidas administrativas

Paralelamente al análisis de la reforma constitucional, el gobierno federal instaló mesas de trabajo interinstitucionales con la participación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Indep, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno .

Entre las medidas administrativas anunciadas destacan:

  • La emisión de una circular para normar los requisitos del trámite de “pase de supervivencia” de manera coordinada con las dependencias responsables de los casos de jubilación .
  • La firma de convenios de colaboración institucional con el Registro Nacional de Población (Renapo) y los registros civiles estatales para agilizar el intercambio de información y actualizar los padrones de pensionados, con el objetivo de detectar y eliminar pagos irregulares, incluyendo aquellos destinados a personas centenarias cuya supervivencia no ha sido verificada .
  • La emisión de un oficio para regular y homologar la integración de los expedientes de las personas pensionadas en la Administración Pública Federal .

El decreto de 2022 y el libro de Julio Scherer Ibarra

En febrero de 2026, el debate sobre las pensiones de Luz y Fuerza del Centro adquirió una nueva dimensión con la publicación del libro Ni venganza ni perdón, del abogado Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia. De acuerdo con el adelanto publicado por la revista Proceso, Scherer acusa al entonces vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, de haber utilizado un decreto publicado el 25 de agosto de 2022 como “herramienta para construir redes clientelares y operar políticamente” .

El decreto en cuestión estableció una “compensación vitalicia por justicia social” para extrabajadores de LyFC con al menos 19 años y seis meses de antigüedad que no hubieran accedido a una pensión formal tras la extinción de la empresa en 2009. Una fe de erratas publicada el 29 de agosto de 2022 modificó las condiciones originales e incluyó a personas que ya habían sido liquidadas conforme a la ley .

Según Scherer Ibarra, esta modificación careció de sustento jurídico y financiero suficiente, violó el principio de legalidad presupuestaria y generó un pasivo actuarial estimado en aproximadamente 27 mil millones de pesos hasta el año 2086, de acuerdo con cálculos del Indep. Al cierre de 2023, el padrón de este programa sumaba 7,133 beneficiarios y el gasto ejercido alcanzaba los 3,537 millones de pesos .

El libro sostiene que Ramírez Cuevas utilizó esta encomienda presidencial para intervenir en la vida interna del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), respaldar al grupo encabezado por Rosendo Flores y consolidar una estructura de apoyo político en favor de la precandidatura de Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México .

Contexto: la extinción de Luz y Fuerza del Centro

La extinción de Luz y Fuerza del Centro fue decretada en octubre de 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón, bajo el argumento de ineficiencia operativa y altos costos para el Estado. La medida afectó a más de 45 mil trabajadores; la mayoría aceptó su liquidación conforme a la ley, pero un grupo disidente permaneció en resistencia, fuera de la estructura formal del SME .

La presidenta Sheinbaum se refirió a este antecedente durante su conferencia del 29 de agosto de 2025, calificando la extinción como un acto “injusto, autoritario” ejecutado “en un fin de semana en el que jugaba la selección mexicana de futbol soccer”. Señaló que el objetivo del entonces presidente era “la privatización del sector eléctrico” y que, mientras algunos trabajadores de confianza recibían pensiones millonarias, “muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro quedaron en el abandono” .

Sheinbaum reconoció que un decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador permitió incorporar a algunos de esos trabajadores abandonados, aunque precisó que se continúa buscando la manera de incluir a otros más .

Presupuesto 2026 y presión fiscal

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 proyecta un gasto total en pensiones de 2.32 billones de pesos, equivalente al 6 por ciento del gasto neto total. Las pensiones de LyFC representan 29,936 millones de pesos para 2026, lo que significa un crecimiento real del 1.7 por ciento respecto al año anterior, y constituyen aproximadamente el 1.3 por ciento del gasto total proyectado para pensiones .

El Paquete Económico 2026 prevé un aumento del 5.2 por ciento en el gasto en pensiones contributivas, que representará cerca del 46.1 por ciento de los ingresos tributarios estimados, lo que ha intensificado la urgencia fiscal por avanzar en la reforma constitucional anunciada por la presidenta .

Posturas del Sindicato Mexicano de Electricistas

El Sindicato Mexicano de Electricistas ha denunciado históricamente irregularidades en el proceso de liquidación de LyFC. Respecto al decreto de 2022, la organización sindical ha señalado que fue negociado con personas sin representación sindical legítima y ha acusado a Ramírez Cuevas y al entonces titular de la CFE, Manuel Bartlett, de intervenir para imponer liderazgos afines, vulnerando la autonomía gremial .

Perspectivas y pendientes

Al cierre de esta edición, ni Jesús Ramírez Cuevas ni la Presidencia de la República han emitido una respuesta pública a las acusaciones contenidas en el libro de Julio Scherer Ibarra. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, consultada por la revista Proceso, informó que revisaría el tema sin ofrecer una postura inmediata .

El caso de las pensiones de Luz y Fuerza del Centro plantea una doble arista: por un lado, la investigación iniciada en agosto de 2025 por la Secretaría Anticorrupción documentó pagos mensuales de hasta un millón de pesos que el gobierno federal califica como “exorbitantes” y “ofensivos”. Por otro lado, el decreto de 2022, emitido por la propia administración de la Cuarta Transformación, generó un nuevo esquema de compensaciones vitalicias con un pasivo estimado en 27 mil millones de pesos, cuyos beneficiarios se suman o complementan el padrón de 14,073 pensionados que el gobierno busca ahora regular.

La reforma constitucional anunciada por la presidenta Sheinbaum deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión, donde se anticipa un debate legislativo entre quienes defienden la necesidad de establecer límites a las pensiones con cargo al erario y quienes advierten sobre los riesgos legales de afectar derechos presuntamente adquiridos.