Los municipios de Coronango, Ocoyucan y El Verde han sido identificados como parte de los 20 municipios con mayor tasa de feminicidio en México, lo que ha encendido las alarmas entre autoridades, organizaciones civiles y la ciudadanía en general. Esta situación se da en un contexto en el que la violencia extrema contra las mujeres continúa siendo un problema grave en diversas regiones del país, y donde las cifras reflejan la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, protección y justicia para enfrentar este delito que atenta contra la vida y seguridad de las mujeres.
Los datos muestran que estas localidades poblanas presentan niveles de feminicidio que superan los promedios nacionales, colocándolos en una posición preocupante en el mapa de violencia de género. La inclusión de Coronango, Ocoyucan y El Verde entre los municipios con mayores tasas de este tipo de delitos pone de manifiesto la urgencia de revisiones profundas en las estrategias actuales de atención y prevención, así como en la coordinación interinstitucional entre distintas instancias del gobierno y la sociedad civil para actuar con mayor eficacia.
Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud ante esta realidad, señalando que la persistencia de altos índices de feminicidio indica deficiencias estructurales en los mecanismos de protección, alertas tempranas y atención a víctimas, así como la necesidad de políticas públicas focalizadas que aborden tanto las causas como las consecuencias de la violencia de género. Asimismo, han exigido mayores recursos, capacitación y protocolos claros para garantizar la seguridad de las mujeres en cada una de estas comunidades.
Frente a este panorama, diversas voces han llamado a las autoridades estatales y federales a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el feminicidio, incluyendo campañas de sensibilización, atención integral a víctimas y familiares, así como acciones concretas que permitan cambiar la tendencia de los índices de violencia. La exigencia de justicia y seguridad se ha convertido en un llamado urgente para la sociedad en su conjunto, que demanda soluciones efectivas y sostenibles para garantizar la vida y dignidad de todas las mujeres en el país, y en particular en estas localidades con cifras alarmantes.
