La institución electoral quintuplicó las respuestas negativas por “confidencialidad” respecto a 2021, en un contexto donde las solicitudes ciudadanas disminuyeron

Contexto de la contingencia

A nueve meses de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la opacidad se ha instalado en el Instituto Nacional Electoral (INE). Bajo la gestión de Guadalupe Taddei, el organismo no sólo ha incrementado sus negativas de información, sino que ha recurrido más seguido a la figura de la “confidencialidad” para sellar documentos que podrían presentarse en versiones públicas sin afectar datos sensibles .

De acuerdo con datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), actualmente operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entre abril y diciembre de 2025 se registraron 179 negativas de información por “confidencialidad”. Esta cifra representa el doble de las registradas en el mismo periodo de 2024 y cinco veces más que en 2021, cuando se contabilizaron 32 negativas bajo la presidencia de Lorenzo Córdova .

El abuso de la figura de “confidencialidad”

Adrián Alcalá, excomisionado presidente del INAI, ha advertido que el INE está abusando de la figura de la “confidencialidad”, la cual tiene carácter perpetuo, a diferencia de la “reserva” que es temporal y debe acreditar un daño al interés público .

“Me preocupa que se esté clasificando la información por confidencialidad, porque esa modalidad es de carácter perpetuo”, advirtió Alcalá en entrevista. “Están abusando… No creo que todos los acuerdos de un órgano deliberativo que lucha por la democracia pasen el test de legalidad de la confidencialidad”, señaló el experto .

Las estadísticas respaldan la crítica. En 2023, con Taddei al frente, se clasificaron 69 solicitudes como confidenciales; en 2024 la cifra subió a 72. Sin embargo, el mayor salto ocurrió entre abril y diciembre de 2025, tras la extinción del INAI, cuando las negativas llegaron a 179 .

Disminución de solicitudes pero aumento de negativas

Lo más revelador es que este aumento en la opacidad ocurrió pese a que el interés ciudadano parecía ir a la baja: en 2024 se recibieron 2 mil 507 solicitudes durante el periodo consultado, mientras que en 2025 la cifra cayó a mil 397. Es decir, menos personas preguntaron, pero el INE negó información más que nunca .

Este fenómeno responde a lo que Alcalá denomina el nuevo “virus de la transparencia”, que ha llevado al instituto a blindar información que tradicionalmente era de acceso público .

Casos específicos de opacidad

Cámaras y micrófonos

Recientemente, el Comité de Transparencia del INE bloqueó la información sobre el costo y la empresa adjudicada para la instalación de cámaras de video y micrófonos en todas las oficinas del país, alegando riesgos a la “seguridad nacional” .

Alcalá cuestiona este uso de la fuerza del Estado para ocultar gastos administrativos: “Cámaras de seguridad, presupuestos, contratos, es por esencia público. Eso lo superamos hace muchos años”. Para el excomisionado, el INE ha ignorado herramientas legales como las versiones públicas, donde se podrían testar datos sensibles sin ocultar el gasto total .

“Si contiene información confidencial o reservada, están las versiones públicas. ¿Por qué no las ponen a disposición? Le están apostando al enfado y al hartazgo de la sociedad”, apuntó .

Votaciones inexistentes

Otro caso de opacidad reciente involucra el mecanismo de votación de las consejerías que sirvió para construir el documento sobre la reforma electoral entregado a Pablo Gómez. Aunque el consejero Arturo Castillo admitió públicamente la existencia de este mecanismo, el INE respondió a una solicitud de información declarándolo “inexistente” .

Para Alcalá, esto es un contrasentido: “Es una antítesis ocultar los votos de quienes toman decisiones en el Consejo General… son señales de autoritarismo que pueden volverse una costumbre mala” .

El nuevo marco normativo del INE como autoridad garante

Tras la consolidación de la reforma de simplificación orgánica que extinguió diversos órganos autónomos, el INE ha expedido formalmente el reglamento que lo faculta como Autoridad Garante en materia de transparencia y protección de datos personales. Este marco regula ahora la fiscalización y los recursos de revisión aplicables a partidos políticos y sujetos obligados del ámbito electoral .

El nuevo reglamento, que entró en vigor el 23 de enero de 2026, centraliza la resolución de controversias y denuncias por incumplimiento en una estructura que antes era externa al Instituto. Se concede un plazo máximo de 60 días hábiles para que las unidades técnicas realicen la armonización normativa integral .

En paralelo, el INE ha decretado el fin de la suspensión de términos y plazos legales para todos los trámites, procedimientos y medios de impugnación relacionados con partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales. La Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra habilitada para recibir y procesar recursos de revisión a partir del 22 de enero de 2026 .

El laberinto para el ciudadano

Con la desaparición del INAI, el ciudadano ha quedado atrapado en un sistema donde el “juez y parte” es la norma. Ahora, ante una negativa, el solicitante debe acudir al Órgano Interno de Control de la misma dependencia o iniciar un complejo juicio de amparo ante jueces en Aguascalientes .

La situación actual, según el excomisionado, es una regresión que nos lleva incluso más atrás de 2002, cuando inició el sistema de transparencia en México. La voluntad política, concluyó, es lo único que podría frenar este abuso .

Contraste con otras áreas de transparencia

Paradójicamente, mientras se señala al INE por opacidad en su gestión interna, el instituto ha mantenido funciones de transparencia en otras áreas. Por ejemplo, el Consejo General del INE aprobó el Dictamen de Validación de las Tablas de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas de los Partidos Políticos Nacionales, que incluyen informar la remuneración bruta y neta de su personal, así como los convenios o contratos realizados .

Asimismo, el INE formalizó los límites de financiamiento privado que podrán recibir los Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de reforzar la transparencia, la equidad y el control del dinero en la vida partidista .

El acuerdo INE/CG1397/2025 establece que el tope máximo de aportaciones de la militancia será de 147 millones 363 mil 032.52 pesos, equivalente al 2% del financiamiento público total asignado a todos los partidos para actividades ordinarias en 2026, que asciende a 7 mil 368 millones 151 mil 626 pesos .

Propuesta de reforma electoral

En enero de 2026, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentó junto con los comisionados del Instituto y la Secretaria Ejecutiva, una propuesta sobre la reforma electoral a la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez. Esta propuesta incluye 241 planteamientos sobre paridad, equidad, eficiencia y la garantía de la autonomía y ciudadanización del organismo .

Entre las propuestas destacan la implementación gradual del voto por internet, el voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad, la separación temporal de la elección judicial de los comicios ordinarios, y el fortalecimiento de la fiscalización mediante el uso de Inteligencia Artificial .

Sin embargo, una de las principales peticiones del INE —llevar a la Constitución un piso mínimo de recursos indexado al PIB— fue rechazada por Pablo Gómez, quien consideró que “sería una muestra del conservadurismo pensar que no se puede ahorrar en materia electoral” .