El documento, firmado por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, legaliza el castigo físico doméstico con penas mínimas, restringe la movilidad femenina y divide a la sociedad afgana en categorías jerárquicas para la aplicación de sanciones.
Contexto general
El régimen talibán en Afganistán ha oficializado un nuevo código penal que representa un retroceso sin precedentes en materia de derechos humanos, particularmente para las mujeres y niñas del país. El documento, titulado “Principios Penales de los Tribunales Talibanes”, fue firmado por el líder supremo Hibatullah Akhundzada y distribuido a todas las instituciones judiciales para su implementación inmediata . Consta de 119 artículos distribuidos en 10 capítulos y tres secciones, y reemplaza efectivamente cualquier marco legal previo que pudiera ofrecer protección a los grupos vulnerables .
La aprobación de este código consolida un sistema donde la violencia doméstica deja de ser considerada un delito perseguible por el Estado, salvo en circunstancias extremadamente limitadas, y donde el castigo físico contra mujeres y niños queda legitimado bajo el argumento de “corrección” disciplinaria .
Legalización de la violencia doméstica
Uno de los aspectos más alarmantes del nuevo código es el tratamiento que otorga a la violencia ejercida por el esposo contra su esposa. El artículo 32 establece que el uso de la fuerza por parte de un marido solo se considera delito si las golpizas con un palo resultan en lesiones graves —fracturas, heridas abiertas o moretones visibles— y la esposa puede probar su reclamo ante un juez . En ese caso, la pena máxima es de apenas quince días de prisión .
La organización de derechos humanos Rawadari ha denunciado que esta disposición reduce la violencia doméstica a una falta menor con un estándar probatorio casi imposible de cumplir para las mujeres, considerando las restricciones que enfrentan para acceder a la justicia . Otras formas de abuso, como la violencia física de menor intensidad, el maltrato psicológico o la violencia sexual, simplemente no están prohibidas explícitamente en el código .
El contraste con otras sanciones del mismo código resulta especialmente indignante. Mientras que golpear a la esposa hasta causarle fracturas merece quince días de cárcel, el artículo 70 establece una pena de cinco meses de prisión para quienes hagan pelear animales . Asimismo, el contacto físico consensuado entre adultos no emparentados puede acarrear un año de prisión, una sanción mucho más severa que la prevista para casos comprobados de violencia doméstica .
El artículo 4 permite explícitamente el castigo disciplinario por parte de un “esposo” o “amo”, una disposición que organizaciones de derechos humanos interpretan como un riesgo de legitimación generalizada de la violencia doméstica .
Restricciones a la movilidad femenina
El artículo 34 regula de manera draconiana la movilidad de las mujeres casadas. Establece que una mujer puede ser encarcelada por tres meses si permanece en la casa de su familia sin el permiso del esposo o sin una razón justificada por la Sharia . Si su familia no la devuelve al hogar conyugal tras una orden judicial, también enfrenta la misma pena .
Esta disposición trata efectivamente a las mujeres casadas como dependientes legales de sus esposos, negándoles el derecho a elegir dónde vivir o buscar refugio durante disputas familiares o conflictos domésticos . Para las mujeres que huyen de situaciones de abuso, esta norma representa un obstáculo adicional que las atrapa en el círculo de la violencia, pues buscar protección con familiares puede resultar en su propio encarcelamiento.
Criminalización de la vida cotidiana
El nuevo código penal también criminaliza comportamientos sociales cotidianos. El artículo 37 impone una pena de un año de prisión a un hombre por establecer lo que denomina una “relación no islámica” con una mujer con la que no está casado ni emparentado, incluyendo actos como tomarse de las manos, abrazarse o besarse . Otro artículo establece que mirar “inapropiadamente” a las vecinas, hacer gestos hacia ellas, discutir su apariencia o preguntar sobre su vida privada es punible con un mes de prisión .
El código introduce además delitos vagamente definidos como “bailar” o estar presente en “reuniones de corrupción”, lo que otorga a los jueces una discrecionalidad casi absoluta para detener y castigar a personas por actividades culturales o sociales ordinarias .
Castigo a la apostasía
Las disposiciones sobre apostasía son particularmente severas para las mujeres. El artículo 58 establece que una mujer apóstata —aquella que abandona el islam— puede ser condenada a cadena perpetua . Adicionalmente, debe recibir diez latigazos cada tres días hasta que “se arrepienta” y regrese a la fe .
El código no especifica explícitamente el castigo para los apóstatas varones, pero según la tradición jurisprudencial Hanafi que siguen los talibanes, los hombres suelen recibir hasta tres días para arrepentirse y regresar al islam, enfrentando la pena capital si se niegan a retractarse .
Un sistema judicial basado en la clase social
Uno de los elementos más distintivos y controvertidos del nuevo código es la institucionalización de un sistema de justicia estratificado por clases sociales. El artículo 9 divide a la sociedad afgana en cuatro categorías jerárquicas: clérigos o eruditos religiosos (ulama o mullah), la élite (ashraf), la clase media y la clase baja .
Bajo este esquema, el castigo por un mismo delito ya no se determina por la naturaleza o gravedad de la infracción, sino por el estatus social del acusado . Las disposiciones establecen que:
- Si un clérigo o erudito religioso comete un delito, la respuesta se limita a amonestación o consejo .
- Si el infractor pertenece a la élite, la consecuencia es una citación al tribunal y amonestación .
- Para los llamados de “clase media”, el mismo delito resulta en prisión .
- Los individuos de “clase baja” enfrentan prisión y castigo corporal, incluyendo hasta 39 latigazos .
Este sistema, adoptado de una colección de veredictos religiosos del siglo XVII compilada bajo el emperador mogol Aurangzeb, otorga a los clérigos y figuras religiosas una inmunidad casi total ante la rendición de cuentas penal, mientras expone a los afganos más pobres y marginados a sanciones más duras y violentas .
Rawadari ha denunciado que esta disposición “no es un sistema de justicia; es una jerarquía de privilegios legalmente codificada” que destruye el principio de igualdad ante la ley y lo reemplaza con discriminación institucionalizada .
Reconocimiento legal de la esclavitud
El código utiliza repetidamente los términos “libre” y “esclavo” en varias disposiciones sobre castigos, lo que organizaciones de derechos humanos consideran un reconocimiento legal de la esclavitud, una práctica absolutamente prohibida bajo las normas imperativas del derecho internacional . El documento permite que los castigos se apliquen independientemente de si una persona es “libre o esclava”, lo que implica la existencia legal de la condición de esclavitud .
Eliminación de garantías procesales
El nuevo código penal elimina sistemáticamente las garantías fundamentales del debido proceso. No reconoce el derecho a la defensa legal, el derecho a permanecer en silencio, el derecho a la compensación por castigo injusto, ni la protección contra la detención arbitraria .
El sistema probatorio se basa casi exclusivamente en la “confesión” y el “testimonio” como medios principales para establecer la culpabilidad, eliminando el requisito de investigación independiente y sin establecer penas mínimas y máximas claras para los delitos . Organizaciones de derechos humanos advierten que este marco legal incrementa drásticamente el riesgo de tortura y confesiones forzadas, particularmente en un sistema donde jueces y fuerzas de seguridad operan sin supervisión ni rendición de cuentas .
Discriminación contra minorías religiosas
El código institucionaliza la discriminación contra las minorías religiosas al definir como musulmanes únicamente a los seguidores de la escuela Hanafi del islam, etiquetando a los adherentes de otras sectas y creencias como “desviados” . Esta clasificación expone a chiítas, ismailíes, salafíes, sijs e hindúes a procesamientos arbitrarios .
Un artículo permite dar muerte a individuos considerados que actúan contra el islam o promueven “creencias falsas” si es autorizado por el liderazgo talibán, mientras que otras disposiciones criminalizan actos indefinidos como “burlarse” de los preceptos islámicos, con penas de hasta dos años de prisión . El código también permite que opositores y críticos de los talibanes sean etiquetados como “corruptores”, cuyo daño se considera público e irreparable sin la muerte .
Poderes ampliados a autoridades no judiciales
El código otorga facultades sin precedentes a tribunales e individuos particulares, permitiendo que ciudadanos privados, figuras religiosas y agentes de la policía de la moral castiguen a personas sorprendidas cometiendo actos considerados pecaminosos . Esto consolida un sistema de control social paralelo al poder judicial formal.
Reacciones internacionales
La comunidad internacional ha respondido con alarma y condena ante la publicación del nuevo código penal. Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres y niñas, calificó las consecuencias de la ley como “aterradoras” y cuestionó si la comunidad internacional tomaría medidas para detener su aplicación .
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, instó a los talibanes a derogar las leyes y decretos discriminatorios . Hannah Neumann, miembro del Parlamento Europeo, afirmó que el código legitima el “apartheid de género” y la esclavitud de mujeres y niñas, argumentando que la normalización de relaciones con los talibanes es inaceptable .
Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, declaró que “los talibanes han aprobado el retorno de la esclavitud en Afganistán” y pidió cortar la financiación al régimen . La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional ha instado al presidente y al secretario de Estado a designar a Afganistán como “País de Particular Preocupación”, un paso que podría facilitar sanciones más amplias contra los talibanes .
Incluso dentro del mundo islámico han surgido críticas. El Consejo de Académicos Islámicos de Pakistán señaló que el código penal talibán no fue redactado de acuerdo con las enseñanzas islámicas y es “contrario al Corán y la Sunna” .
Respuesta del régimen talibán
El Ministerio de Justicia talibán ha respondido a las críticas advirtiendo que las objeciones a sus leyes serán tratadas como un delito y que los críticos serán remitidos a las autoridades judiciales . El ministerio afirmó que sus documentos legislativos son redactados utilizando “el libro de Dios y la Sunna del Profeta” y que ninguna disposición contradice la ley islámica, por lo que objetar estas leyes constituye una objeción a los principios islámicos mismos .
El Ministerio para la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio ha rechazado previamente los informes de derechos humanos de UNAMA calificándolos de “infundados” y “propaganda”, insistiendo en que todas sus actividades se ajustan a la sharia .
Implicaciones para la sociedad afgana
La implementación de este código penal tiene consecuencias devastadoras para la sociedad afgana, particularmente para las mujeres. Con la eliminación de la presencia de abogadas, juezas y fiscales, las mujeres afganas se enfrentan a tribunales compuestos exclusivamente por clérigos que aplican interpretaciones extremistas de la ley .
No existen mecanismos para que una mujer denuncie abusos físicos o sexuales sin riesgo de ser acusada ella misma de “adulterio” o “conducta inmoral” . El código otorga a los agentes de la “Policía de la Moral” la potestad de castigar en el acto cualquier infracción estética o de comportamiento en la vía pública .
Los datos oficiales del régimen muestran un aumento del 435 por ciento en el número de mujeres presas, alcanzando 1,825 mujeres en 34 prisiones, frente a las 840 mujeres encarceladas durante el último año del gobierno republicano en 2021 . Las sentencias más comunes incluyen acusaciones de relaciones extramatrimoniales o “huir del hogar”, y en muchos casos las mujeres son condenadas a prisión además de recibir castigos corporales públicos .
Perspectivas
Para numerosos observadores, la formalización de un sistema de justicia basado en la clase social y la legalización explícita de la violencia doméstica constituyen la señal más clara de que los talibanes no están simplemente imponiendo leyes severas, sino reconstruyendo todo el sistema legal sobre la base del privilegio, la lealtad y el estatus religioso .
Rawadari y otras organizaciones de derechos humanos han solicitado la suspensión inmediata de la implementación del código y han instado a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a utilizar todos los mecanismos legales y diplomáticos disponibles para prevenir su aplicación . Sin embargo, la voluntad y capacidad de la comunidad internacional para lograr cambios en la política interna afgana sigue siendo incierta.
Mientras el debate internacional continúa, en las calles de Kabul y otras provincias afganas, la nueva legalidad talibán ya está transformando la vida cotidiana de millones de mujeres, institucionalizando su subordinación absoluta y borrándolas sistemáticamente de la vida pública bajo un régimen de terror legalizado .
