El Congreso del Estado de Puebla no ha cumplido con la obligación de legislar para incorporar la figura de la revocación de mandato para gobernador al ordenamiento jurídico local, aun cuando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la necesidad de armonizar la ley en este aspecto. La medida busca establecer un mecanismo que permita a la ciudadanía revocar el mandato del titular del Ejecutivo estatal antes de que concluya su periodo, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales.
A pesar de la orden emitida por la máxima corte del país, los legisladores locales no han aprobado las reformas pertinentes ni han discutido de manera formal una iniciativa que atienda lo señalado por el tribunal. Esta omisión ha generado un debate entre actores políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, que consideran esencial garantizar instrumentos de participación ciudadana que reflejen la voluntad popular y fortalezcan la rendición de cuentas.
Diversos especialistas en derecho constitucional han señalado que la falta de avances en esta materia podría representar un incumplimiento a la resolución de la autoridad judicial, al tiempo que limita las opciones de participación directa de la ciudadanía en asuntos clave del gobierno del estado. El llamado de estos sectores es a que se agilice el proceso legislativo para asegurar que los marcos normativos locales estén en concordancia con los criterios constitucionales vigentes.
La discusión sobre la revocación de mandato se inscribe en un contexto más amplio de temas relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en Puebla. El cumplimiento de la orden de la Suprema Corte es visto por muchos como un paso hacia la consolidación de mecanismos democráticos más sólidos, por lo que se espera que los legisladores revisen y atiendan a la brevedad esta pendiente en la agenda normativa del estado.
