Investigaciones periodísticas realizadas por The Marshall Project y ProPublica revelaron que cerca de 3 mil 800 menores migrantes, incluidos bebés y niños de muy corta edad, han sido detenidos por el Immigration and Customs Enforcement (ICE) desde el inicio del gobierno de Donald Trump. De acuerdo con los reportajes, muchos de estos menores fueron capturados durante redadas en escuelas, viviendas y espacios públicos, y posteriormente permanecieron días o incluso meses en centros de detención, bajo condiciones que organizaciones civiles y abogados han calificado como inhumanas y contrarias a acuerdos judiciales vigentes en materia de protección infantil.
Los trabajos periodísticos documentan que estas detenciones violaron disposiciones diseñadas para limitar el tiempo de reclusión de menores y garantizar su bienestar, además de exponerlos a afectaciones psicológicas severas, separación familiar y falta de atención adecuada. Activistas señalan que este tipo de prácticas profundizó la vulnerabilidad de niñas y niños migrantes que huían de contextos de violencia, pobreza o persecución en sus países de origen.
Entre los casos más emblemáticos destaca el de Liam Ramos, un niño de cinco años que presuntamente habría sido utilizado como señuelo por agentes migratorios para facilitar la detención de su familia. Este hecho generó una fuerte condena por parte de expertos en derechos humanos, defensores de la niñez y legisladores, quienes calificaron la estrategia como ética y legalmente inaceptable.
Especialistas advierten que estas tácticas forman parte de una política de disuasión orientada a infundir miedo en las comunidades migrantes, con el objetivo de provocar la autodeportación y reducir los flujos migratorios. Sin embargo, subrayan que el efecto real ha sido la agudización de la crisis humanitaria en la frontera, así como un deterioro significativo en los estándares de protección de los derechos humanos de la población migrante infantil.
Organismos internacionales y organizaciones civiles han reiterado el llamado a las autoridades de Estados Unidos para revisar y reformar las políticas migratorias, garantizar el interés superior de la niñez y evitar que el control migratorio se ejerza a costa de la dignidad y seguridad de los menores.
