La Comisión Nacional del Agua confirmó que el pozo ubicado en la colonia Resurrección opera sin título de concesión dentro de un Área Natural Protegida, mientras el ayuntamiento propone reubicar la perforación para garantizar el suministro a 600 familias.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación por la presunta extracción ilegal de agua y cobros no autorizados a vecinos en un pozo profundo localizado dentro del polígono de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, un Área Natural Protegida de suma importancia ecológica.

La indagatoria federal derivó de una denuncia ciudadana presentada a través de la plataforma institucional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en la que se alertó sobre el uso sin permiso de un bien nacional en la colonia Resurrección, en el municipio de Tehuacán.

Diligencia ministerial con participación interinstitucional

En cumplimiento de una técnica de investigación autorizada por un juez federal, elementos de la FGR, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales, llevaron a cabo una diligencia en el sitio para verificar la legalidad del aprovechamiento del recurso hídrico.

Beatriz Torres Trucios, directora local de CONAGUA, explicó que durante la inspección se confirmó la existencia del pozo y su operación, pero al consultar los registros de la dependencia se constató que no existe título de concesión ni asignación federal que ampare la extracción del agua en ese punto.

“De acuerdo con los registros de CONAGUA, no hay título de concesión ni asignación que ampare la extracción del recurso hídrico. Por lo consiguiente no hay autorización federal vigente para explotar el agua en ese punto”, señaló la funcionaria.

Cobros irregulares a vecinos bajo investigación

La carpeta de investigación también atiende acusaciones sobre cobros realizados a ciudadanos por el uso del pozo. Durante las indagatorias se presentó incluso un recibo por cinco mil pesos bajo el concepto de “equipamiento del pozo”, con firma de conformidad.

Las autoridades investigan la posible participación de la asociación civil “Fuerza Guerrera”, encabezada por Lulú Gallardo, en estos cobros. No obstante, vecinos de la colonia han manifestado que los pagos han sido voluntarios y destinados a concluir los trabajos de perforación y equipamiento del pozo.

Al respecto, Torres Trucios enfatizó que la prestación del servicio público urbano de agua potable es una atribución constitucional exclusiva de los municipios, por lo que cualquier cuota no reconocida oficialmente por el Ayuntamiento carece de sustento legal.

Pozo fuera de operación actualmente

La directora local de CONAGUA precisó que durante la inspección se constató que el medidor del pozo marcaba en ceros y no se detectó conexión de alta presión, por lo que actualmente el pozo no está brindando servicio.

Aclaró que el procedimiento es de carácter ministerial y que la dependencia a su cargo participa como autoridad técnica en la verificación del aprovechamiento del bien nacional, pero no ejecutó una clausura administrativa como tal.

El sitio quedó bajo control exclusivo de la FGR mediante mandato judicial federal, en tanto continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Cuatro décadas sin acceso al agua potable

La colonia Resurrección fue fundada hace 40 años y desde entonces carece de acceso formal a agua potable. Actualmente, alrededor de 600 familias habitan la zona y han enfrentado históricamente graves carencias en el suministro del líquido.

Ante la falta de atención institucional, los vecinos organizados invirtieron cerca de un millón de pesos en la perforación del pozo y la instalación del sistema eléctrico, mediante cooperaciones vecinales. La obra representó para muchas familias un esfuerzo económico significativo con la esperanza de resolver su problemática de abasto de agua.

Actualmente, ante la imposibilidad de usar el pozo, las familias deben comprar pipas de agua cada dos meses, con un costo de entre mil y mil 200 pesos por la distancia del asentamiento, lo que representa una carga económica adicional para hogares ya de por sí vulnerables.

Imposibilidad legal de regularización

Uno de los puntos centrales del caso es que, al tratarse de un Área Natural Protegida, la Ley de Aguas Nacionales impide otorgar concesiones o asignaciones para aprovechamiento de agua dentro del polígono de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.

Esta disposición legal significa que el pozo, en su ubicación actual, no tiene posibilidad de regularizarse, independientemente de la inversión realizada por los vecinos o de la voluntad de las autoridades por resolver el problema de abasto.

Propuesta municipal: reubicación fuera de la reserva

Ante esta situación, el presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso, ha presentado un proyecto estratégico para ampliar la cobertura de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento en el municipio.

La propuesta contempla reubicar la perforación fuera del polígono del Área Natural Protegida, con el propósito de que, una vez cumplidos los requisitos legales, pueda gestionarse ante CONAGUA un título de asignación que otorgue certeza jurídica y garantice la dotación a la población.

Esta solución permitiría, por un lado, respetar la normatividad ambiental que protege la reserva de la biósfera y, por otro, atender el legítimo derecho humano al agua de las familias de la colonia Resurrección.

Mesas de trabajo para avanzar en la solución

Para dar seguimiento a esta propuesta, la próxima semana se realizará una nueva reunión técnica con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, con el objetivo de iniciar formalmente los trámites de abastecimiento fuera del polígono protegido.

El gobierno municipal busca con ello garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos legales y ambientales, de manera que el suministro de agua para las familias pueda regularizarse a la brevedad posible.

Importancia ecológica de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán

La Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán es una de las áreas naturales protegidas más importantes de México. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial, alberga una biodiversidad única y ecosistemas frágiles que requieren protección especial.

La reserva es hábitat de numerosas especies endémicas y cumple funciones ecológicas fundamentales como la recarga de acuíferos, la captura de carbono y la regulación del clima local. Cualquier intervención en su territorio debe realizarse con estricto apego a la normatividad ambiental para garantizar su conservación a largo plazo.

El desafío de conciliar derechos

El caso del pozo en la colonia Resurrección ejemplifica un desafío recurrente en muchas regiones del país: cómo conciliar el derecho humano al agua de poblaciones vulnerables con la obligación de proteger ecosistemas de alto valor ambiental.

La solución propuesta por el ayuntamiento de Tehuacán, consistente en reubicar la infraestructura fuera del área protegida, apunta en la dirección correcta al buscar cumplir simultáneamente con ambos mandatos constitucionales: garantizar el acceso al agua y preservar el medio ambiente.

Próximos pasos en la investigación federal

Mientras se avanza en la solución técnica y legal para el abasto de agua, la carpeta de investigación de la FGR continúa su curso en el ámbito federal. Corresponderá a la autoridad ministerial determinar las responsabilidades penales que correspondan contra quienes resulten responsables por la extracción ilegal de agua y los presuntos cobros irregulares.

La participación de CONAGUA en el proceso se mantendrá en calidad de autoridad técnica, proporcionando los elementos necesarios para que la fiscalía federal pueda integrar adecuadamente la investigación y, en su caso, ejercer acción penal contra los infractores.

El caso sienta un precedente importante sobre la vigilancia y protección de los recursos hídricos en áreas naturales protegidas, así como sobre la necesidad de que las autoridades municipales asuman su responsabilidad constitucional de garantizar el acceso al agua potable, evitando que los ciudadanos tengan que recurrir a soluciones informales que vulneran el marco legal.