Pobladores de Rafael Lara Grajales, Nopalucan y San José Chiapa se reunieron en asamblea para recolectar firmas y exigir a las autoridades el cierre definitivo del relleno sanitario de Ciudad Modelo, así como una consulta ciudadana sobre la instalación del Parque de Economía Circular en la región.
Este domingo, habitantes de los municipios de Rafael Lara Grajales, Nopalucan y San José Chiapa se congregaron en la plaza principal de San José Chiapa para manifestar su rechazo al proyecto del Parque de Economía Circular y su centro de reciclaje, impulsado por el gobierno federal, y para demandar la clausura del relleno sanitario ubicado en la zona de Ciudad Modelo.
La asamblea, que reunió a ciudadanos y defensores del territorio, tuvo como objetivo principal analizar las implicaciones del proyecto federal y organizar la recolección de firmas que serán presentadas ante las instancias competentes. Los pobladores enfatizaron la necesidad de impulsar una consulta ciudadana que permita conocer la postura de la población sobre la instalación del Polo de Economía Circular y su planta recicladora .
Preocupaciones ambientales y de salud
Durante la reunión, los asistentes expresaron su profunda preocupación por las posibles afectaciones que este proyecto podría generar en la calidad del aire y en los mantos acuíferos de la región, así como los riesgos para la salud de la población. Por ello, exigieron a las autoridades federales y estatales claridad en cuanto al alcance y efectos de esta iniciativa .
El rechazo ciudadano se fundamenta en la declaratoria emitida por el Gobierno Federal, que estableció como Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla una superficie de 40.4280 hectáreas, conformada por tres polígonos ubicados en el municipio de San José Chiapa . Esta decisión se tomó a pesar de la cercanía de la zona con la Región Hidrológica Prioritaria RHP-70 Cuenca Oriental, un área de importancia ecológica reconocida a nivel nacional.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que el proyecto cumple con los criterios de selección establecidos en el artículo 5, fracción IV, del Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar .
El documento oficial reconoce que se identificaron intersecciones con instrumentos de carácter indicativo y técnico, entre ellos la Región Hidrológica Prioritaria RHP-70 Cuenca Oriental, además de áreas prioritarias para la conservación de parientes silvestres de cultivos mesoamericanos y corredores bioclimáticos. Sin embargo, la dependencia afirma que no se advierten impedimentos ambientales y que el sitio cumple con el criterio de sostenibilidad .
El proyecto: entre la promesa oficial y el rechazo ciudadano
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha defendido el proyecto como parte de una estrategia de “industrialización limpia”. La mandataria ha asegurado que estos polos no son vertederos, sino complejos tecnológicos que permitirán a México transitar hacia una economía baja en carbono .
Sheinbaum ha afirmado que el proceso industrial de la planta no comprometerá los recursos hídricos de la región: “Es una instalación muy limpia, ni siquiera usa agua. No utiliza el líquido más que para los baños, obviamente, de los trabajadores”, declaró durante una conferencia matutina, buscando disipar los temores de los agricultores locales .
Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha calificado la declaratoria como un “logro histórico” para la entidad y sostiene que el polo atraerá inversión extranjera y empleos especializados . Armenta ha explicado que Puebla tiene un problema grave de acumulación de residuos sólidos y que ya se trabaja con las comunidades y con el gobierno federal para la liberación de recursos destinados a la instalación de este parque de economía circular .
Sin embargo, organizaciones sociales de la Cuenca han manifestado que el proyecto es una imposición que ignora la autodeterminación de los pueblos originarios y campesinos. Campesinos y defensores del territorio han denunciado que este proyecto no es más que una “planta recicladora de basura industrial” que fue expulsada de Hidalgo debido a los riesgos de contaminación de mantos acuíferos y suelos .
El antecedente es relevante: el pasado 14 de diciembre, en una consulta ciudadana realizada en los municipios hidalguenses de Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan, se votó en contra de la construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje en esa entidad . El rechazo en Hidalgo reflejó el impacto negativo de años de contaminación en la zona, donde se han registrado niveles de peligrosidad que sobrepasan los límites permitidos .
Sin consulta previa a las comunidades
Uno de los puntos más controversiales es la falta de consulta ciudadana previa a la publicación del decreto. El documento publicado en el DOF destaca que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) informó que no se ubican localidades con características de pueblos indígenas dentro de la superficie seleccionada, lo que legalmente eximió a las autoridades de realizar una consulta previa, libre e informada .
Esta justificación ha sido rechazada por los pobladores, quienes argumentan que el proyecto impacta directamente a más de 116 mil personas que habitan los municipios de Libres, Nopalucan, Oriental, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa .
Los agricultores de la región, que ya enfrentan una crisis hídrica agudizada por el acaparamiento de agua por parte de transnacionales, advierten que la llegada de este polo de desarrollo agravará la situación en San José Chiapa .
El incendio del relleno sanitario: un antecedente crítico
La exigencia de cierre del relleno sanitario cobró mayor fuerza después del incendio registrado el pasado 24 de febrero en el sitio de disposición final de residuos ubicado en San José Chiapa, colindante con territorio tlaxcalteca .
El siniestro, originado por una quema de pastizal que se salió de control, provocó la combustión de toneladas de basura y generó una densa columna de humo y emisiones contaminantes que derivaron en que la calidad del aire fuera catalogada como “extremadamente mala” en municipios tlaxcaltecas .
Ante este escenario, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala declaró contingencia ambiental en los municipios de El Carmen Tequexquitla, Huamantla y Cuapiaxtla, medida que se mantuvo vigente durante cuatro días e implicó la suspensión de actividades al aire libre, particularmente en planteles educativos .
El incendio permaneció activo por cuatro días y, aunque las autoridades lograron controlarlo en un 70 por ciento, el evento reavivó el debate sobre la viabilidad, clausura y futuro operativo del predio .
Demandas formales ante las autoridades
Como resultado de la asamblea, los pobladores recolectaron firmas para solicitar formalmente la clausura definitiva del relleno sanitario ubicado entre Rafael Lara Grajales y Cuapiaxtla, así como el cese a la contaminación de los mantos acuíferos. Este documento fue programado para ser entregado a las instancias competentes el lunes 9 de marzo .
Previamente, habitantes de Cuapiaxtla ya habían solicitado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar una investigación al relleno sanitario, y en caso de detectarse irregularidades en su operación, ordenar su clausura por riesgos a la salud y daño al medio ambiente .
Los pobladores señalaron que el siniestro agudizó una problemática ambiental que ya existía desde antes por la presunta mala operación del sitio. Denunciaron la emisión constante de olores fétidos, acumulación inadecuada de residuos y riesgos directos a la salud de niñas, niños y personas adultas mayores .
Efrén López Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de San Lorenzo Cuapiaxtla, sostuvo que desde 2021 comenzaron los problemas derivados del funcionamiento de ese espacio, al que calificó como un “tiradero a cielo abierto” que no cumple con las características técnicas de un relleno sanitario .
El futuro incierto del proyecto
La controversia en torno al proyecto del Parque de Economía Circular y la operación del relleno sanitario continúa generando tensiones entre la población y las autoridades. Mientras el gobierno federal y estatal promueven el polo de desarrollo como una oportunidad para la industrialización limpia y la generación de empleos, los habitantes de la región exigen ser escuchados y que se respete su derecho a un medio ambiente sano.
El caso de San José Chiapa reabre el debate sobre la supervisión interinstitucional de los centros de disposición de residuos y la coordinación entre entidades federativas cuando los impactos ambientales trascienden límites territoriales . La respuesta oficial será clave para determinar si se atiende de fondo una problemática que, según los pobladores, no es nueva.
