Autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras revelaron una serie de irregularidades en la construcción del Hospital del Sur, entre ellas la contratación de más de 250 trabajadores asiáticos bajo procesos migratorios considerados anómalos, el desplazamiento de mano de obra local y presuntos intentos de soborno para gestionar la naturalización de estos extranjeros como “empresarios”. La situación ya fue informada al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la licitación del proyecto fue adjudicada a un consorcio de origen chino bajo condiciones específicas que permitían la contratación de personal extranjero únicamente si se trataba de mano de obra especializada que no estuviera disponible en Honduras . Sin embargo, tras visitas de supervisión realizadas al proyecto, se detectó la presencia de trabajadores asiáticos realizando labores de albañilería básica, tareas que, según los funcionarios, pudieron haber sido desempeñadas por trabajadores hondureños calificados .

Irregularidades migratorias y rebase de topes contractuales

El subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, puntualizó que el convenio original estipulaba un límite máximo de 100 trabajadores extranjeros por período, pero este número habría sido superado en varias ocasiones sin que se realizaran los ajustes correspondientes . Actualmente se estima que más de 250 ciudadanos chinos han laborado en la obra, muchos de ellos en condiciones migratorias irregulares .

Castillo reveló que cinco ciudadanos chinos fueron traídos al país y se les permitió ingresar sin necesidad de visado, una situación que ahora forma parte de las revisiones que se realizan junto al Instituto Nacional de Migración (INM) para esclarecer el estatus legal de las personas que laboran en la obra .

El presupuesto total para la construcción del hospital asciende a 100 millones de dólares, equivalentes a unos 2,600 millones de lempiras, recursos con los que el consorcio contrató personal extranjero en lugar de mano de obra local .

El oficio que facilitó el ingreso irregular

El subsecretario Ángel Midence confirmó la existencia de un oficio emitido por la entonces secretaria de Salud, Carla Paredes, que habría servido como “llave maestra” para permitir el ingreso irregular de estos trabajadores bajo la fachada legal de traer “ciertos recursos técnicos” .

El documento —Oficio No. 5976-SS-2025, fechado el 18 de noviembre de 2025 y dirigido al entonces director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Reynel Paz Reyes— establece que la Secretaría de Salud solicitó apoyo institucional para permitir el ingreso de seis ciudadanos de la República Popular de China, integrantes de la empresa Constructora China SFECO Group, quienes participarían en el desarrollo del proyecto hospitalario .

La solicitud oficial incluía el listado completo con nombres y números de pasaporte de los seis ciudadanos chinos: Sun Rui, Sun Zhongjian, Yang Ru, Wang Jiaxing, Wu Bo y Mao Yue . La petición se sustentó en el Acuerdo Ejecutivo 77-2023, que establece el régimen especial de autorización de ingreso sin visa, mecanismo que permite facilitar el ingreso de extranjeros bajo determinadas condiciones migratorias .

En el mismo expediente se dejó constancia de que la responsabilidad del ingreso, permanencia y salida de estas personas quedaba bajo la Secretaría de Salud, institución que debía informar posteriormente al Instituto Nacional de Migración sobre su salida del país .

Migración autorizó el ingreso bajo condiciones específicas, permitiendo a los ciudadanos chinos permanecer en el país hasta por 90 días, con posibilidad de una prórroga adicional de 30 días, siempre que se justificara ante las autoridades migratorias .

Sin embargo, la gestión que aparece documentada oficialmente es ahora objeto de cuestionamientos. Aunque en el oficio firmado por Paredes se solicitó el ingreso de seis técnicos, informes internos incluidos en la documentación indicarían que el número de ciudadanos chinos vinculados al proyecto del hospital rondaría cerca de 200 personas .

Presuntos sobornos y procesos de naturalización irregulares

La denuncia alcanzó un nivel crítico al validar las investigaciones sobre intentos de soborno a personal de migración para obtener permisos de permanencia definitiva en el país. Castillo confirmó que, según las denuncias recibidas por diversos funcionarios, se han mencionado montos de hasta 40 mil dólares por cada ciudadano extranjero en concepto de soborno para gestionar estatus legales bajo intereses que aún se desconocen .

El funcionario recalcó que estas prácticas corruptas fueron permitidas en el pasado, pero que ahora se está revisando cada expediente para limpiar la red de ilegalidad que rodeó la llegada de estos trabajadores indocumentados .

Tras cruzar información con el Instituto Nacional de Migración, Midence reveló que muchos de estos individuos se encuentran en procesos de naturalización calificados como “fuera de lo normal”, una situación que la gestión pasada habría facilitado ilegalmente para favorecer intereses particulares ajenos a la soberanía laboral . Según la investigación periodística, parte de estos trabajadores estaría siendo incluida en procesos de naturalización hondureña bajo la figura de empresarios o inversionistas, pese a que varios habrían ingresado originalmente al país como obreros de la construcción .

Retrasos en la obra y falta de garantías contractuales

Castillo también reveló que, según los cronogramas actuales, este año no se estará recibiendo ninguno de los ocho hospitales nuevos proyectados por el Gobierno, ya que la mayoría de estos centros presentan severos retrasos en sus periodos de ejecución . El funcionario atribuyó este fracaso a las profundas debilidades contractuales con los proveedores de la administración anterior, señalando que se establecieron muy pocas garantías para asegurar el cumplimiento de las obras .

Llamado a entes controladores

Ante este escenario de irregularidades, el subsecretario Midence hizo un llamado urgente a los entes controladores e investigativos del Estado, declarando a la Secretaría de Salud como una entidad de puertas abiertas y transparente para cualquier auditoría . Aseguró que todos los expedientes de la licitación y los oficios emitidos están a disposición de los fiscales para que se deduzcan responsabilidades penales contra quienes facilitaron este fraude migratorio y laboral .

Castillo aclaró que, aunque el consorcio chino está obligado contractualmente a entregar los hospitales finalizados, esto no otorga inmunidad sobre las violaciones migratorias detectadas . El funcionario aseguró que la Secretaría de Salud ya trasladó toda la información al Instituto Nacional de Migración y a las instancias correspondientes para que se realicen las acciones legales correctas contra quienes burlaron la ley .

El daño principal, según las autoridades, no es el costo financiero, sino la falta de generación de empleo para los ciudadanos hondureños, quienes fueron sistemáticamente desplazados por mano de obra extranjera indocumentada en su propia tierra .