El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha documentado que tanto el crimen organizado como funcionarios públicos son responsables de la elevada incidencia de desapariciones en México. Estos actores actúan como perpetradores directos o participan mediante tolerancia y colusión, generando un entorno donde la impunidad se mantiene prevalente. Solo entre el 2 % y el 6 % de los casos se judicializan, con cifras muy bajas de condenas, lo que contribuye a la persistencia de la crisis.
Expertos destacan que esta problemática está sostenida por una red de corrupción y omisión estructural, donde autoridades locales bloquean investigaciones y niegan responsabilidades. La ausencia de una visión sistémica y de voluntad política borra la participación de funcionarios implicados y dificulta la búsqueda de verdad y justicia.
Como resultado, muchas desapariciones permanecen sin resolver, y las víctimas junto con sus familias enfrentan la indiferencia institucional. Esta situación perpetúa el ciclo de impunidad y erosiona la confianza de la población en las instituciones administrativas y judiciales, dejando un profundo vacío de seguridad y justicia en el país.
