El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha descartado la posibilidad de cancelar la concesión otorgada a la empresa Agua de Puebla para Todos, asegurando que dicha medida implicaría un costo superior a 10 mil millones de pesos, lo que resultaría inviable para las finanzas estatales. Además, advirtió que revocar el contrato podría generar un prolongado proceso judicial que complicaría aún más la situación.
La concesión fue otorgada en 2013 durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas por un periodo de 30 años, lo que significa que permanecerá vigente hasta 2044. Aunque existen demandas ciudadanas para su cancelación, Armenta señaló que no es viable hacerlo por decreto, por lo que su gobierno está explorando alternativas legales para obligar a la empresa a cumplir con sus compromisos contractuales.
El mandatario también denunció que los incumplimientos de la empresa fueron facilitados por la complicidad de administraciones anteriores y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en gestiones pasadas. A pesar de estas dificultades, Armenta enfatizó que su administración está comprometida en supervisar la operación de la concesionaria, asegurando que realice las inversiones necesarias en infraestructura hídrica y saneamiento del Río Atoyac en beneficio de los poblanos.
