Migrantes deportados desde Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump han denunciado ser víctimas de extorsión por parte del crimen organizado al regresar a México. Según los testimonios recabados, los grupos delictivos localizan a los repatriados con la suposición de que regresan con dinero, y les exigen pagos bajo amenazas de represalias si no cumplen con las demandas.
Los afectados relatan que enfrentan una situación de alta vulnerabilidad, ya que muchos regresan sin recursos económicos ni redes de apoyo que les permitan protegerse. La falta de asistencia institucional y la presencia dominante de organizaciones criminales en varias regiones del país agravan su exposición, convirtiéndolos en blanco fácil de extorsiones, amenazas e incluso violencia física.
Expertos en seguridad señalan que este fenómeno refleja un patrón sistemático en el que los migrantes repatriados son objeto de explotación debido a su condición de indefensión y al desconocimiento de los mecanismos de protección disponibles. Además, las denuncias ponen en evidencia la necesidad de reforzar programas de reinserción y protección para los repatriados, así como mejorar la coordinación entre autoridades federales y locales para prevenir este tipo de delitos.
