En México, el 98 por ciento de los casos de violencia contra periodistas y defensoras de derechos humanos permanece sin resolución, según información presentada en el foro “Justicia para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos” en la Cámara de Diputados. Esta cifra evidencia fallas persistentes en los mecanismos de protección, investigación y sanción, dejando a quienes ejercen periodismo o defienden derechos humanos expuestos a amenazas, agresiones físicas, intimidación y hostigamiento constante. Especialistas señalaron que la impunidad fortalece la cultura de violencia y limita la libertad de expresión en el país.
Durante el foro, legisladores, expertos y activistas señalaron que las mujeres periodistas y defensoras enfrentan riesgos específicos, incluyendo ataques selectivos por su género y actividad profesional. La violencia no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en campañas de difamación, amenazas digitales y persecución legal. Los participantes coincidieron en que estas prácticas buscan limitar la visibilidad de su trabajo y desincentivar la denuncia de violaciones de derechos humanos, erosionando la confianza en las instituciones encargadas de garantizar justicia.
Se destacó que es indispensable fortalecer el marco legal y los protocolos de protección existentes. La Cámara de Diputados y las autoridades competentes fueron instadas a revisar y actualizar leyes, agilizar investigaciones y garantizar medidas de seguridad efectivas para quienes trabajan en contextos de riesgo. Asimismo, se subrayó la necesidad de coordinación entre organismos federales, estatales y municipales, así como con organizaciones de la sociedad civil, para construir un sistema integral que pueda prevenir, atender y sancionar los casos de violencia de manera efectiva.
Los asistentes al foro hicieron hincapié en que la educación y la sensibilización también son elementos clave para reducir la violencia contra periodistas y defensoras. La implementación de talleres, campañas de concientización y protocolos de actuación en medios de comunicación y espacios públicos busca crear un entorno más seguro y respetuoso. Se enfatizó que las medidas preventivas deben ir acompañadas de transparencia y rendición de cuentas, garantizando que los perpetradores enfrenten consecuencias legales por sus acciones y que las víctimas reciban apoyo adecuado.
Finalmente, se llamó a la sociedad en general a mantenerse vigilante y exigir justicia. La consolidación de mecanismos de denuncia accesibles y confiables, la promoción de la libertad de prensa y la protección de defensores de derechos humanos son fundamentales para fortalecer la democracia. Las autoridades estatales y federales reiteraron su compromiso de mejorar la eficacia de las investigaciones, aumentar la seguridad y generar condiciones que permitan a periodistas y activistas desempeñar su labor sin temor, asegurando que la impunidad deje de ser la regla y que la justicia sea efectiva y oportuna.
