Servicios irregulares sin placas de autotransporte federal o concesión estatal ofrecen viajes a Izúcar de Matamoros desde la Vía Atlixcáyotl, compitiendo abiertamente con el transporte legal y evadiendo la vigilancia de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
A escasos metros de unidades concesionadas y bajo la mirada de autoridades estatales, decenas de vehículos particulares y camionetas operan como transporte ilegal hacia la Mixteca poblana, estableciendo una base de operaciones en el estacionamiento de una tienda de autoservicio situada a la altura del bulevar Los Reyes y el centro comercial Arcángeles, en la Vía Atlixcáyotl
En el lugar, es notable la organización para el ascenso de pasajeros. Individuos actuando como coordinadores dirigen a los usuarios hacia diferentes vehículos según su destino:
- Con destino a Atlixco: Se canaliza a los pasajeros hacia unidades que sí cuentan con la placa federal de autotransporte.
- Con destino a Izúcar de Matamoros: Se les conduce hacia vehículos irregulares, predominantemente camionetas y sedanes, los cuales realizan el trayecto por un costo de 70 pesos.
Entre las unidades que prestan este servicio no autorizado se han identificado vehículos con placas de circulación particular e, incluso, algunos que únicamente exhiben permisos temporales expedidos por entidades federativas como Guerrero.
La ventaja competitiva de estos servicios radica en su frecuencia de salidas, significativamente mayor a la del transporte legal debido a que sus vehículos tienen menos asientos y se llenan más rápido.
Marco legal violado
La operación de estos servicios contraviene abiertamente la Ley de Transporte del Estado de Puebla, que en sus artículos 14 y 15 establece que las unidades deben:
- Contar con concesión estatal o federal
- Estar inscritas en el Registro Estatal de Transporte
- Mostrar tarifas autorizadas
- Contar con sistema de quejas y tarjetón visible con datos del conductor
La persistencia de este transporte irregular no solo representa una competencia desleal para los servicios concesionados, sino que expone a los usuarios a viajar sin las garantías de seguridad y legalidad que exige la normativa estatal.
