El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá esperar una semana más para conocer si podrá acceder a la libertad anticipada, luego de que el Poder Judicial de la Federación aplazara la audiencia prevista para esta semana y la reprogramara para el 19 de noviembre. La decisión se tomó a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que argumentó la ausencia de testigos clave cuya declaración resulta esencial para determinar si Duarte cumple con los requisitos legales que le permitirían salir de prisión antes de concluir su condena.
Duarte, quien fue detenido en 2017 y sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa, busca obtener el beneficio penitenciario bajo el argumento de haber cumplido la mayor parte de su pena y mantener un historial de buena conducta durante su reclusión. Su defensa ha insistido en que el exmandatario ha colaborado con las autoridades y cumplido con las disposiciones judiciales establecidas, mientras que la Fiscalía sostiene que aún existen elementos pendientes de analizar para otorgar la medida.
El aplazamiento prolonga la incertidumbre jurídica en torno a uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años, considerado un símbolo de los excesos y desvíos de recursos públicos ocurridos durante su administración (2010-2016). Analistas señalan que la resolución del caso podría marcar un precedente relevante en materia de justicia penal y beneficios penitenciarios para exfuncionarios vinculados a delitos de corrupción.
Mientras tanto, la sociedad civil y organizaciones anticorrupción se mantienen atentas al desenlace, exigiendo que la decisión judicial se base en criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, evitando cualquier percepción de impunidad o trato preferencial.
