Familiares de personas privadas de la libertad realizaron un bloqueo en el camino al Batán y el Periférico Ecológico para denunciar presuntos casos de extorsión, maltratos y abusos dentro del penal de San Miguel. Desde primeras horas de la mañana, los manifestantes instalaron pancartas y se colocaron sobre los carriles principales, lo que ocasionó un severo caos vehicular y largas filas de automovilistas que intentaban circular por la zona. De acuerdo con los testimonios, esta acción fue convocada ante la falta de respuesta de las autoridades a múltiples denuncias previas.

Los inconformes señalaron que los reclusos estarían enfrentando cobros indebidos por servicios básicos, restricciones arbitrarias para acceder a visitas y presiones internas que han derivado en un ambiente de tensión constante. Afirmaron que algunos internos sufren amenazas, aislamiento injustificado y prácticas que consideran abusivas por parte de ciertos custodios y personal operativo. Agregaron que la situación afecta especialmente a personas que no cuentan con recursos económicos para cubrir las cuotas irregulares que, aseguran, se les exigen.

Las familias pidieron una auditoría exhaustiva al funcionamiento del penal, así como la supervisión directa de organismos de derechos humanos para documentar posibles violaciones a la ley y a la integridad de los internos. Señalaron que, pese a haber presentado denuncias con anterioridad, no han obtenido avances, por lo que decidieron acudir a la protesta como último recurso para visibilizar la problemática.

Ante el bloqueo y las afectaciones en la movilidad, autoridades estatales se trasladaron al punto para entablar diálogo. Funcionarios se comprometieron a revisar las acusaciones y establecer una mesa de trabajo formal. Sin embargo, los manifestantes insistieron en que no retirarán por completo sus acciones de presión hasta que existan garantías de investigación, sanciones y mejoras inmediatas en las condiciones del penal.

El incidente reabrió el debate sobre la situación penitenciaria en Puebla, donde organizaciones civiles han advertido, en distintos informes, sobre la necesidad de reforzar la vigilancia, transparentar procesos internos y mejorar el trato hacia las personas privadas de la libertad. La exigencia de los familiares se centra en que estas irregularidades no continúen y que el centro penitenciario funcione bajo estándares legales y humanitarios.