El Senado de la República aprobó una reforma constitucional con el objetivo de endurecer las sanciones por extorsión, un delito que ha crecido en impacto y complejidad en México. La reforma contempla penas de hasta 42 años de prisión para quienes cometan extorsión, además de definir un tipo penal uniforme para todo el país. Con ello, se busca cerrar las lagunas legales que dificultan la persecución de este delito en varias entidades.
Como parte de la iniciativa, se establece que el Congreso deberá expedir una Ley General en materia de extorsión. Esa ley incluirá agravantes, criterios de investigación y mecanismos para mejorar la coordinación entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Asimismo, se plantea crear unidades especializadas en extorsión dentro de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Otra medida importante de la reforma es la persecución de extorsiones cometidas desde el interior de los penales. La propuesta incluye la investigación y sanción de quienes operan redes delictivas dentro de cárceles para extorsionar desde ahí, garantizando que no existan espacios de impunidad. Esto implica monitoreo, nuevas atribuciones para autoridades penitenciarias y colaboración entre distintos niveles de gobierno.
El Senado justificó su determinación señalando que la extorsión afecta a miles de personas y representa una amenaza creciente para la seguridad pública. Legisladores han argumentado que la falta de una legislación homogénea ha permitido que delincuentes exploten diferencias entre estados para evadir castigos. La reforma pretende ofrecer una respuesta institucional más efectiva y coordinada para proteger a víctimas y sancionar a los responsables.
