La defensora de derechos humanos e indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, reconocida internacionalmente por su labor en la promoción de los derechos de los pueblos originarios, expresó preocupación por la falta de intérpretes para mujeres indígenas detenidas en Chiapas. Señaló que la ausencia de apoyo lingüístico limita el acceso a procesos judiciales justos y afecta el derecho a la defensa. La situación, afirmó, representa una barrera estructural que incrementa las condiciones de vulnerabilidad para mujeres privadas de la libertad que no hablan español como primera lengua.
Menchú destacó que la brecha lingüística impide que las personas indígenas comprendan plenamente las acusaciones, procedimientos y resoluciones. De acuerdo con diversas organizaciones, esto deriva en casos donde las detenidas enfrentan dificultades para expresar su versión de los hechos o solicitar el acompañamiento adecuado. La falta de intérpretes certificados complica además la interacción con autoridades, abogados y personal penitenciario. Esta problemática ha sido señalada anteriormente, pero persiste sin soluciones suficientes.
La visita de Menchú tuvo como objetivo visibilizar estas condiciones y llamar a instituciones estatales a garantizar mecanismos que respeten los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, buscó establecer puentes de colaboración para que organizaciones sociales y defensoras de derechos indígenas participen en la implementación de medidas correctivas. La necesidad de fortalecer la asistencia jurídica con enfoque intercultural fue uno de los puntos enfatizados. Para la activista, el acceso a la justicia no puede depender del idioma que se hable.
Finalmente, la intervención de Menchú generó llamados a revisar los procesos internos de los centros penitenciarios y diseñar protocolos que aseguren la disponibilidad de intérpretes. La creación de registros oficiales y el establecimiento de alianzas con comunidades indígenas fueron mencionados como posibles soluciones. El tema adquiere relevancia en un contexto donde se busca mejorar la atención a mujeres privadas de la libertad y reducir desigualdades históricas. Los próximos meses serán clave para evaluar si se implementan acciones concretas.
