El ajuste al salario mínimo para 2026 se decidirá en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), órgano tripartito en el que participan representantes del gobierno, del sector obrero y del sector patronal. El proceso inicia con la presentación de propuestas y estudios técnicos que analizan indicadores macroeconómicos, inflación y productividad. Posteriormente se abren mesas de negociación y consultas técnicas entre las partes, con la intervención de economicistas y especialistas para sustentar cifras. El acuerdo final se formaliza mediante resolución del pleno y se publica oficialmente antes de la entrada en vigor del ajuste.
En las deliberaciones se ponderan variables como la inflación acumulada, el costo de la canasta básica, la capacidad de recuperación del tejido empresarial y la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. También se revisan los salarios mínimos profesionales, que atienden oficios y categorías técnicas, para garantizar su adecuación al mercado laboral. Las propuestas suelen acompañarse de escenarios alternativos y estimaciones de impacto, con el objetivo de encontrar un punto de equilibrio entre la mejora salarial y la sostenibilidad económica en distintos sectores productivos.
Entre las estimaciones que circulan en los análisis técnicos se plantean incrementos que oscilan en distintos rangos; en algunos escenarios se evalúa una alza cercana al 11–12 %, lo que implicaría un salto notable en el ingreso diario para millones de trabajadores que perciben la remuneración mínima. Cualquiera sea la cifra aprobada, su efecto inmediato influirá en contratos, prestaciones, umbrales de seguridad social y costos laborales. Por ello, el anuncio final contempla la publicación de tablas para salarios generales y profesionales, con montos y fechas de aplicación claras para empleadores y trabajadores.
La resolución definitiva deberá publicarse de manera oficial antes de que inicie 2026, con vigencia a partir del 1 de enero. Su implementación exigirá acciones de seguimiento por parte de autoridades laborales para supervisar cumplimiento y resolver controversias. Además, el ajuste tendrá repercusiones fiscales y administrativas para empresas y entes públicos, por lo que se recomienda a empleadores, sindicatos y cámaras empresariales prepararse a través de ajustes contables y diálogo laboral. El proceso también abre la puerta a medidas complementarias de protección social para mitigar impactos sobre microempresas y sectores vulnerables.
