La Unión Europea, a través del Consejo de Europa, ha solicitado formalmente a España que revise su sistema de indemnizaciones por despido improcedente y estudie la creación de una figura conocida como “despido restaurativo”. La petición europea considera que el marco actual resulta insuficiente para disuadir a las empresas de despedir sin causa justificada, al considerar que “sale barato despedir en España”.
Esta recomendación se alinea con una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario Sumar y aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre, la cual ya instaba al Gobierno a reformar el sistema de indemnizaciones. La iniciativa legislativa recibió luz verde tras un error en la votación de un diputado del Partido Popular, cuyo voto a favor fue involuntario.
¿Qué es el “despido restaurativo”?
Según expertos y promotores de la iniciativa, como el exlíder de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, el “despido restaurativo” es un modelo que busca sustituir el actual sistema de indemnización por despido improcedente. Su objetivo principal es que la compensación económica no se limite a una cantidad fija, sino que incluya una reparación integral por los “daños y perjuicios” ocasionados al trabajador, tanto materiales como morales y personales.
Este enfoque vincularía la indemnización a las circunstancias concretas del empleado afectado, considerando factores como el impacto emocional, la dificultad de reinserción laboral o el perjuicio profesional derivado del despido injustificado.
Adaptación a la Carta Social Europea
La recomendación europea también insta a España a adaptar su normativa laboral al artículo 24 de la Carta Social Europea, que garantiza el derecho de los trabajadores a una protección efectiva en caso de despido. Bruselas considera que el sistema español actual no cumple plenamente con este estándar, al no ofrecer una compensación suficientemente disuasoria ni reparadora.
Contexto político y próximos pasos
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido una de las principales impulsoras de esta reforma dentro del Gobierno de coalición. La iniciativa se enmarca en un esfuerzo por fortalecer los derechos laborales y equiparar las indemnizaciones por despido a los estándares europeos.
El Ejecutivo español deberá ahora analizar la petición formal de la UE y determinar si presenta un proyecto de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores. De avanzar, esta reforma podría significar un aumento significativo de las indemnizaciones por despido improcedente y la introducción de criterios de reparación más amplios, lo que afectaría a millones de trabajadores y empresas en el país.
