
El Gobierno de México presentó el proyecto de reforma para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con una implementación escalonada que concluiría en 2030.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente el proyecto de reforma para reducir la semana laboral en México de 48 a 40 horas, tras alcanzar un acuerdo con representantes del sector empresarial, sindicatos, instituciones académicas y organizaciones civiles. La iniciativa establece una implementación gradual y paulatina a lo largo de varios años, sin que esto implique una disminución en los salarios o las prestaciones de los trabajadores.
De acuerdo con la propuesta, la reducción se llevaría a cabo bajo el siguiente calendario
- 2026 Entraría en vigor la nueva ley.
- 2027 La jornada semanal se reduciría a 46 horas.
- 2028 Se establecería en 44 horas semanales.
- 2029 La jornada sería de 42 horas.
- 2030 Se alcanzaría la meta de 40 horas laborales a la semana.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que el periodo de discusión de esta reforma abarcó del 19 de junio al 30 de noviembre, con el objetivo central de beneficiar la calidad de vida de los trabajadores. Entre los argumentos expuestos para justificar la reducción se encuentran la mejora en el balance entre vida personal y laboral, la promoción de cuidados de la salud y la reducción de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.
La presentación de este proyecto marca un paso significativo en una de las promesas de campaña de la administración actual. La estrategia de una aplicación escalonada busca dar tiempo a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas, para adaptar sus procesos operativos y financieros a la nueva normativa sin afectar su viabilidad económica.
La presidenta Sheinbaum destacó que la reforma es el resultado de un amplio consenso social, mientras que las autoridades laborales reiteraron que los derechos salariales y de prestación social de los trabajadores estarán plenamente protegidos durante todo el proceso de transición. El proyecto de ley deberá seguir ahora el proceso legislativo correspondiente en el Congreso de la Unión para su análisis, posible modificación y eventual aprobación.
