Denuncias formales revelan posibles fallas de control interno, simulación administrativa y cobros indebidos en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, institución creada para garantizar el derecho a la educación superior en la Sierra Norte.
La Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP), institución fundada para garantizar el derecho a la educación superior de los pueblos originarios de la Sierra Norte, enfrenta una crisis institucional que pone en riesgo la validez oficial de los estudios de cientos de jóvenes indígenas. Denuncias formales recientes señalan una posible red de irregularidades administrativas y académicas que involucrarían tanto a la propia universidad como a las secretarías de Educación estatal y federal.
Uno de los hallazgos más graves, derivado de una respuesta oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal a una solicitud de transparencia (folio 3400260000106325), indica que la dependencia no cuenta con registros de los títulos, egresos o validaciones académicas reportados por la UIEP. La respuesta remite a enlaces generales de sistemas de información educativa sin aportar evidencia concreta de que los programas o titulaciones de la universidad estén debidamente registrados, lo que coloca a los estudiantes en un limbo jurídico respecto a la validez de sus estudios.
Además, análisis de datos entregados por la UIEP vía transparencia revelan inconsistencias graves: tablas con símbolos sin sentido (como “##”, “s”, “o”), columnas desordenadas, totales numéricamente imposibles y ausencia de metodología clara. Cifras como “0 ingresos con más de 50 egresos” carecen de lógica estadística. La SEP Puebla, al responder a otra solicitud (folio 211200425000596), replicó idénticos errores sin contrastar la información con sus bases de datos, lo que organizaciones civiles califican como posible “simulación administrativa”.
La gravedad del caso motivó la apertura del expediente 14/2025 por parte del Órgano Interno de Control (OIC), confirmando que existen elementos suficientes para investigar responsabilidades. Paralelamente, el Colectivo de Observación Ciudadana Puebla presentó una denuncia formal el 27 de noviembre por presuntos cobros indebidos y violencia institucional contra mujeres indígenas que venden alimentos dentro del campus. Según la denuncia, un grupo de vendedoras, incluidas dos mujeres monolingües, fueron obligadas a pagar entre 80 y 140 pesos diarios por permisos informales, sin recibos oficiales y bajo condiciones restrictivas y precarias.
La denuncia señala que estos hechos podrían configurar faltas administrativas graves como abuso de funciones y desvío de recursos, e incluso delitos como extorsión y peculado. El colectivo solicitó al OIC una medida cautelar para suspender los cobros durante la investigación.
Organizaciones civiles advierten que, de no atenderse estas irregularidades, la UIEP corre el riesgo de convertirse en un proyecto simbólico sin capacidad real para cumplir su misión de brindar educación intercultural de calidad. La crisis expone fallas no solo en la gestión universitaria, sino también en los mecanismos de supervisión de las autoridades educativas estatales y federales, dejando en situación de vulnerabilidad a la comunidad estudiantil indígena y a las mujeres afectadas por los presuntos cobros ilegítimos.
