De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Puebla se ubicó entre los tres estados con mayor incidencia de quejas y hechos violatorios de derechos humanos durante el año 2023.
El informe estadístico revela que en la entidad poblana se registraron 8,378 quejas y 12,898 hechos violatorios específicos de derechos humanos. En el número de quejas, Puebla ocupa el tercer lugar nacional, únicamente detrás de la Ciudad de México y el Estado de México. En cuanto a los hechos violatorios reportados, la entidad se posiciona también en tercer sitio, después de la Ciudad de México y Veracruz.
Estos datos oficiales confirman y agravan el diagnóstico previamente expuesto por la Universidad Iberoamericana Puebla en su Agenda Institucional 2024, la cual identifica al estado como uno de los territorios con mayores índices de impunidad en el país. Dicho contexto, señala la institución académica, intensifica las violaciones a los derechos fundamentales.
La IBERO Puebla destaca problemáticas específicas que contribuyen a esta situación, entre las que se encuentran: el incremento sostenido de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH Puebla), la violencia contra defensores del territorio y del agua, las agresiones a la libertad de expresión y los obstáculos en el acceso a la justicia para los pueblos originarios.
El informe de la universidad precisa que, en el primer semestre de 2023, se observó un incremento del 58% en quejas por violaciones a derechos humanos en comparación con periodos anteriores. Las autoridades más señaladas en estos expedientes fueron la Fiscalía General del Estado, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y los presidentes municipales de Tehuacán, Huauchinango, Teziutlán e Izúcar de Matamoros. Los derechos más vulnerados fueron al trato digno, a la legalidad y a la integridad y seguridad jurídica.
Asimismo, el documento alerta sobre la criminalización de la protesta social y la defensa del medio ambiente, situando a Puebla en 2022 como la entidad con el mayor número de agresiones contra personas defensoras del ambiente, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). En materia de libertad de expresión, la organización Artículo 19 registró 18 agresiones a periodistas en Puebla durante el primer semestre de 2023, colocando a la entidad en el cuarto lugar nacional.
Frente a este escenario, la IBERO Puebla subraya que la impunidad no solo es un obstáculo para la justicia, sino que refleja una aceptación tácita de las violaciones, lo que favorece su repetición y agravamiento. La institución hace un llamado a las autoridades a respetar y proteger el derecho a la protesta y a la defensa de los derechos humanos.
Recomendaciones clave:
Para atender esta crisis, la Universidad Iberoamericana Puebla emitió un conjunto de recomendaciones dirigidas al gobierno estatal y municipal, entre las que destacan:
- Implementar un proceso integral de capacitación en derechos humanos y estándares internacionales para todo el personal de las instituciones públicas, con perspectiva de género y enfoque intercultural.
- Cumplir con la obligación de consultar libre e informadamente a los pueblos indígenas sobre decisiones que les afecten.
- Garantizar que las instituciones de procuración e impartición de justicia realicen investigaciones con enfoque intercultural y aseguren la disponibilidad de traductores para integrantes de pueblos originarios.
- Fortalecer el papel de la CDH Puebla en la vigilancia de manifestaciones públicas para documentar abusos y emitir medidas de protección.
- Implementar un mecanismo de seguimiento al acatamiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
- Reforzar el mecanismo estatal de protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, asegurando medidas eficaces e inmediatas.
Las cifras del INEGI y el análisis de la IBERO Puebla colocan un foco urgente sobre la necesidad de políticas públicas efectivas y del fortalecimiento institucional para revertir la grave situación de los derechos humanos en el estado.
