El decreto presidencial que permite la regularización de vehículos de procedencia extranjera en condiciones específicas, comúnmente conocidos como “autos chocolate”, se encuentra vigente y ha sido prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2026.

Un aspecto central del programa es la elegibilidad según el año-modelo del vehículo. La normativa no establece un año límite fijo, sino que aplica un criterio dinámico: el automóvil debe tener al menos cinco años de antigüedad al momento de iniciar el trámite. Esto significa que el rango de modelos que califican se actualiza anualmente. Por ejemplo, durante 2025, son elegibles los vehículos modelo año 2020 o anteriores.

Adicionalmente, los requisitos para el trámite de regularización incluyen:

  • El pago de una cuota única de 2,500 pesos (aproximadamente 125 dólares), cuyos recursos se destinan a programas de infraestructura vial en los estados participantes.
  • La verificación del Número de Identificación Vehicular (VIN). Con las actualizaciones recientes al decreto, el programa ha ampliado su alcance y ya no restringe la elegibilidad basándose únicamente en el primer dígito del VIN, lo que anteriormente limitaba la entrada principalmente a vehículos fabricados en Norteamérica.
  • La restricción de la regularización a los estados que se han adherido al programa, que son generalmente entidades fronterizas y del norte del país.
  • La exclusión de vehículos considerados de lujo, deportivos o blindados, priorizando automóviles de uso familiar y particular.

El programa de regularización genera posturas divergentes. Por un lado, es visto como una medida que brinda una solución a un fenómeno social y económico preexistente, permitiendo a miles de familias obtener un marco legal para su medio de transporte esencial. Por otro lado, sectores de la industria automotriz establecida han manifestado críticas, argumentando que puede afectar al mercado formal de vehículos usados y nuevos.

La vigencia del decreto hasta 2026 mantiene abierta la ventana para estos trámites, sujetándose a los lineamientos y condiciones oficiales publicadas por las autoridades federales competentes.