Durante los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación se han documentado al menos siete incidentes de seguridad que involucran el uso de vehículos cargados con artefactos explosivos, según un recuento de eventos reportados por autoridades y medios de comunicación.

Los hechos, ocurridos en distintos puntos del país entre 2019 y a la fecha, han estado dirigidos predominantemente contra instalaciones de Pemex y elementos de corporaciones de seguridad en entidades como Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Coahuila. En la mayoría de los casos, las autoridades federales han señalado que los ataques responden a disputas territoriales entre grupos delictivos y no han sido investigados bajo la figura de terrorismo.

Uno de los episodios más graves sucedió en junio de 2024 en Celaya, Guanajuato, donde la detonación de un automóvil bomba causó la muerte de un elemento de la Guardia Nacional y dejó nueve agentes más heridos, uno de los cuales sufrió la amputación de un brazo. El más reciente incidente se registró el pasado sábado en Coahuayana, Michoacán, con un saldo de cinco personas fallecidas.

Otro ataque destacado por su magnitud operativa ocurrió el 1 de diciembre de 2021 en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social de Tula, Hidalgo. En ese evento, la detonación coordinada de tres vehículos explosivos facilitó la fuga de diez reclusos, entre ellos el líder criminal José Antonio “N”, alias “El Michoacano”.

Al ser cuestionado reiteradamente sobre la tipificación de estos actos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha descartado que se trate de terrorismo. En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que “el terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos [o políticos]… esto es por una disputa de territorio, esto es por droga”. Asimismo, indicó que las investigaciones correspondientes se abren por delincuencia organizada y homicidio, conforme a la legislación mexicana.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha respaldado esta postura, señalando que dichos ataques no pueden catalogarse como actos terroristas. Hasta el momento, las carpetas de investigación por estos hechos continúan en proceso por parte de las fiscalías estatales y federales competentes.