La mañana del martes 20 de mayo, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue asesinada junto con José Muñoz, asesor del mismo gobierno, en un ataque armado perpetrado en la colonia Moderna. El crimen ocurrió en el cruce de Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, cuando ambos funcionarios viajaban en un vehículo particular y fueron interceptados por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes dispararon directamente contra ellos.
Las autoridades señalaron que el ataque fue ejecutado de forma rápida y directa, lo que sugiere un atentado premeditado. A pesar de la pronta llegada de paramédicos, las víctimas ya no presentaban signos vitales al momento de ser atendidas. En respuesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona para intentar dar con los responsables, mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.
Clara Brugada expresó su consternación a través de redes sociales, donde condenó el crimen y se comprometió a exigir justicia. “No habrá impunidad. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, declaró. La presidenta Claudia Sheinbaum también intervino y anunció que fuerzas federales como la Sedena, Semar y el Centro Nacional de Inteligencia ya colaboran en las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y capturar a los responsables.
Ximena Guzmán era una figura clave dentro del equipo político de Brugada. La había acompañado desde su gestión en la alcaldía de Iztapalapa, donde se desempeñó como una de sus colaboradoras más cercanas. Su papel dentro de la administración capitalina era fundamental, no solo como enlace político, sino también como operadora de confianza. Su asesinato representa un golpe profundo al entorno político del actual gobierno de la Ciudad de México.
Actualmente, las autoridades están revisando las imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector y no se descarta ninguna línea de investigación. Diversos actores políticos han expresado su indignación ante el hecho y han exigido una respuesta contundente del Estado. El crimen ocurre en un contexto preocupante de creciente violencia contra funcionarios públicos, lo que renueva el debate sobre la seguridad en los círculos de gobierno y la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección.
