Amenazas, ataques armados y desapariciones marcan la labor de quienes defienden el territorio en Jalisco y Michoacán frente a la expansión del crimen organizado

La expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo ha dejado una estela de violencia en materia de seguridad, sino que ha impactado profundamente la defensa del medio ambiente en México. En estados como Jalisco y Michoacán, activistas que se oponen a la tala clandestina, el cultivo ilegal de aguacate y proyectos extractivos que devastan los bosques han enfrentado amenazas, desapariciones y ataques armados por parte de este grupo criminal .

La defensa del territorio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Organizaciones civiles han documentado múltiples agresiones contra defensores ambientales en México, reflejando un patrón claro: quienes alzan la voz contra la explotación ilegal de recursos naturales se convierten en objetivos del crimen organizado que busca controlar economías ilícitas ligadas a la tala clandestina, el cultivo de aguacate, la minería y la extorsión a productores .

Estos son algunos de los casos documentados de activistas que han sido víctimas del CJNG:

José Gabriel Pelayo (Michoacán)

Defensor contra el despojo de tierras y la tala clandestina en el municipio de Chinicuila, Michoacán. Fue amenazado por presuntos integrantes del CJNG en 2022 y desde el 19 de marzo de 2024 permanece desaparecido . Su familia denuncia que no hay avances en las investigaciones y que viven bajo constante amenaza.

Guillermo Saucedo Gamiño (Michoacán)

Activista en Villa Madero, Michoacán, que denunció la expansión del cultivo ilegal de aguacate y la deforestación asociada. Fue secuestrado y torturado en diciembre de 2021 . En diciembre de 2025, su vivienda fue baleada por presuntos miembros del CJNG. A pesar de las agresiones, continuó visibilizando los daños ambientales y el control territorial ejercido por grupos criminales.

Javier Gómez (Michoacán)

Integrante del Comité de Defensa Ambiental de Madero, fue atacado en su vivienda el 6 de noviembre de 2025 en la comunidad de El Zangarro . Los agresores, presuntos integrantes del CJNG, dispararon contra su casa y vehículo, dejando además una mujer muerta y su esposo herido en un ataque colateral. Tras el atentado, tuvo que huir con su familia para salvar su vida.

Modesto Gutiérrez (Michoacán)

Campesino y padre de siete hijos, dedicado a la extracción de resina de pino en Madero, Michoacán. Le exigieron medio millón de pesos y una camioneta como extorsión, pero solo pudo entregar 50 mil pesos. Poco después, fue asesinado con brutalidad y su cuerpo hallado en un camino serrano . Los resineros de la zona son extorsionados hasta con el 50% de sus ganancias por el CJNG.

Verónica Guerrero (Jalisco)

Abogada y defensora ambiental asesinada el 3 de febrero de 2022 en Tonalá, Jalisco . Representaba al Colectivo de Vecinos Urbi Quinta en una lucha legal contra varias empresas por la operación irregular del basurero de Matatlán, clausurado desde hacía más de una década. Había recibido amenazas directas previas a su asesinato, presuntamente por su oposición a intereses económicos y criminales vinculados al manejo ilegal de residuos. La ONU condenó su asesinato y pidió a las autoridades esclarecer los hechos .

Higinio Trinidad de la Cruz (Jalisco)

Defensor indígena y opositor a la construcción de una megaminería en la Sierra de Manantlán, Jalisco. En febrero de 2023 fue amenazado por individuos armados en su domicilio, después de haber dado entrevistas a medios de comunicación . Anteriormente, en mayo de 2022, había recibido amenazas de miembros del CJNG, con presunto apoyo de la policía municipal de Cuautitlán de García Barragán. A pesar de contar con el mecanismo de protección para personas defensoras, murió el 24 de noviembre de 2023 en una zona dominada por el CJNG .

Un patrón de violencia e impunidad

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), para 2024 los asesinatos a activistas vinculados a la defensa del territorio y el medio ambiente incrementaron en 25%, con 25 casos en total . Guerrero, con 20 activistas asesinados entre 2001 y 2025, y Michoacán, con 42, se encuentran entre las entidades con mayor incidencia .

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades y la presunta colusión de funcionarios locales con el crimen organizado agravan la situación de indefensión en la que viven quienes arriesgan su vida por proteger los bosques y territorios de México. Testimonios recabados en Michoacán señalan que autoridades municipales han llegado a reconocer su incapacidad para actuar, mientras que pobladores denuncian operativos conjuntos entre policías y grupos criminales .

Estos casos reflejan un patrón claro: la defensa del territorio y del medio ambiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo en zonas donde el CJNG busca controlar economías ilícitas ligadas a la explotación de recursos como la tala clandestina, el cultivo de aguacate, la minería y la extorsión a productores .