La Fiscalía General del Estado de Durango investiga la muerte de una adolescente de 14 años ocurrida el pasado 20 de septiembre en la Clínica Santa María, en la capital del estado, luego de que presuntamente hubiera sido sometida a una cirugía estética sin el consentimiento de su padre.

La fiscal general, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que a las 19:24 horas de ese día se recibió un reporte del C-5 a través del 911, en el que una trabajadora social de la clínica notificó el fallecimiento de la menor, identificada con las iniciales P.A.E.. Según el reporte inicial, la adolescente había ingresado tres días antes por complicaciones respiratorias.

Personal del Ministerio Público se trasladó a la clínica y posteriormente a la funeraria, donde los padres confirmaron que la muerte se debió a una enfermedad, mostrando el certificado de defunción, que señalaba como causas edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. En ese momento, los padres manifestaron que no tenían intención de proceder legalmente.

Sin embargo, el 21 de septiembre, el padre denunció que su hija había sido sometida a una cirugía estética de mama sin su autorización. Según declaraciones de Saúl Fernández Saracho, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango (Coprised), además de los implantes mamarios, a la adolescente se le habría practicado una lipoescultura abdominal días antes de su fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. El examen preliminar confirmó la presencia de edema cerebral y daños pulmonares, aunque la causa definitiva de la muerte será determinada por un dictamen patológico especializado, que requiere entre 10 y 20 días para su análisis científico. Paralelamente, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

De la Garza Fragoso explicó que se investigan dos posibles delitos: omisión de cuidados, por la presunta autorización de la madre sin consentimiento del padre, y homicidio culposo, en caso de confirmarse mala praxis médica durante la cirugía.

También se revisa el expediente clínico para determinar quién firmó los consentimientos y si cumplen con la normativa legal, así como la responsabilidad médico-profesional, que podría derivar en sanciones penales y administrativas.

La fiscal enfatizó que la investigación se realizará con imparcialidad, sin considerar vínculos familiares de los involucrados, y descartó cualquier influencia externa, pese a rumores sobre que el cirujano es pariente de un exfuncionario. “La responsabilidad se determinará una vez que se tengan todos los elementos necesarios y se procederá conforme a derecho”, afirmó.